Y la infraestructura de la AEE.

El sector eléctrico, la economía o las estructuras viales en Puerto Rico siguen sin levantar cabeza tras dos años del impacto del huracán María en la isla, que dejó daños por 100,000 millones de dólares y causó la muerte de más de 3,000 personas.

Los 24 meses transcurridos no han servido para borrar un drama que algunos estiman hizo retroceder décadas la economía de la isla, que cuando María la arrasó ya atravesaba una delicada situación tras una crisis de una década.

Ese fatídico 20 de septiembre de 2017, una fuerza de la naturaleza entró por el sureste de este territorio caribeño, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, arrasando todo a su paso.

La larga noche de brutales ráfagas de hasta 300 kilómetros por hora dejó completamente destruidas sus infraestructuras y a la totalidad de los poco más de 3 millones de puertorriqueños a oscuras, servicio eléctrico que algunos no recuperarían hasta un año después.

Las ciudades sufrieron la dureza del huracán, pero fue el interior donde la crudeza del ciclón se hizo más palpable con deslizamientos de terreno que se llevaron por delante barriadas enteras.

Los cientos de miles de viviendas construidas con algún tipo de irregularidad pagaron cara su falta de planificación al verse inmersas en inundaciones que arrasaron todo lo que se encontraba a su paso.

María supuso un antes y un después para Puerto Rico, que había sufrido la fuerza de históricos huracanes como Hugo (1989) y Georges (1998), no comparables al que en septiembre de 2017 provocó daños en más de 470,000 viviendas y la destrucción total de cerca de 30,000 casas.

El Gobierno defendió durante meses la cifra de 64 muertos en la que pocos creían y que fue elevada a 2,975 cuando un estudio independiente del Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad de Washington hizo público el resultado de su investigación.

Dos años después, hay un débil sistema eléctrico que provoca constantes cortes del servicio, semáforos que todavía no funcionan y viviendas y edificios destruidos, en especial en áreas del interior de Puerto Rico.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas ha completado pocos proyectos de mejoras a 2 años del ciclón, que la agencia atribuye a trabas burocráticas del Gobierno federal.

La consecuencia más visible es que ninguna de las 18,000 señales de tráfico dañadas por el huracán han sido sustituidas.

El director ejecutivo del DTOP, Emilio Garay, reconoció que tampoco se ha hecho nada para solucionar la situación de los casi 750 derrumbes y desprendimientos en carreteras secundarias y terciarias debido a que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) no ha aprobado los proyectos.

En cuanto a las carreteras primarias, hubo consecuencia del huracán 737 derrumbes y desprendimientos de los que se han atendido solo 346.

El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Carlos Molina, denunció que Fema no ha aportado aún el dinero necesario para acometer la mejora de las carreteras, a lo que se suma los problemas con las aseguradoras.

Estas compañías adeudan alrededor de 2,500 millones de dólares a cientos de personas, empresas y entidades gubernamentales.

El director ejecutivo de la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, cuya compañía fue centro de todas las críticas por la debilidad de sus infraestructuras, reconoció que el prometido sistema eléctrico a prueba de ciclones tropicales que anunció el Gobierno tras María solo podrá conseguirse en el plazo de 7 años.

Postes eléctricos con capacidad para resistir vientos de 240 kilómetros por hora, subestaciones fuera de áreas inundables y líneas soterradas son promesas que están muy lejos de ser una realidad porque ni se han comenzado.

Ortiz atribuye también el retraso a la falta de fondos que deben ser aprobados por Fema.

El líder sindical de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa, sostiene que en algunos aspectos ya situación es, incluso, peor que cuando pasó María por la isla, ya que la generación energética está a niveles ínfimos.

Según Figueroa, más del 60 % de las plantas de generación están fuera de servicio

Las asignaciones prometidas por el Gobierno de Estados Unidos para la reconstrucción de Puerto Rico ascienden a más de 49,000 millones de dólares, aunque gran parte de esos fondos no han llegado todavía a la isla, lo que la gobernadora, Wanda Vázquez, atribuye a la burocracia de las autoridades federales y los requisitos extraordinarios exigidos.

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) desembolsará en breve 100 millones de dólares de la primera asignación de 1,500 millones en fondos federales del programa para la construcción de siete proyectos de viviendas que supondrán cerca de 1,000 unidades.

A pesar del negro panorama, los puertorriqueños ven en general con cierto optimismo el futuro de la isla, donde hay señales de recuperación en sectores fundamentales para la economía como el turismo.

La venta de pasajes aéreos a través de agencias de viaje aumentó, como también lo hizo la llegada de pasajeros al aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan.