En momentos en que la defensa de Jensen Medina Cardona, acusado del asesinato de Arellys Mercado Ríos en Fajardo, se opone a la transmisión televisiva del juicio en su contra, la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) anticipó que continuará con el programa que permite cámaras en los procesos judiciales hasta tanto el más alto foro judicial determine lo contrario.

Aunque un grupo de abogados ha comenzado a recabar firmas para solicitar la eliminación de las transmisiones televisivas en los procesos judiciales, hasta el momento no ha llegado ninguna solicitud formal para revaluar dicho programa. Sí se han radicado mociones de oposición en casos específicos como el del caso del asesinato de la fémina tras un alegado altercado por un celular en el muelle Villa Marina en Fajardo. Hasta el Departamento de Justicia objetó la transmisión del juicio de este caso alegando que 'en la medida en que evitamos que se afecte innecesariamente el desarrollo del proceso, adelantamos el objetivo de promover la solemnidad de los procedimientos'.

Mira la moción de Justicia aquí.

El juez administrador de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa dijo que tanto su Oficina como los miembros del Tribunal Supremo están conscientes del debate que ha generado el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales a raíz de la transmisión de la vista preliminar en el caso contra Medina Cardona.

Las expresiones del Juez Administrador se dieron sobre la posibilidad de enmendar o eliminar el Programa, no sobre el caso específico de Rivera Medina.

'Como administrador de los tribunales me corresponde a mí ejecutar la directriz del Tribunal Supremo que es que debemos continuarlo siempre que se cumplan con los lineamientos establecidos en la reglamentación', afirmó el Juez Administrador cuando NotiCel le preguntó si el Programa es bueno o si debe ser enmendado.

Jorge Gordon Menéndez y Orlando Cameron Gordon, abogados de Rivera Medina objetan el uso de cámaras en el juicio pautado para iniciar el 24 de octubre porque 'menoscaba el derecho de un juicio justo e imparcial'. Los abogados plantean que el haber permitido que se televisara la vista preliminar ha afectado los derechos constitucionales de su representado por la excesiva publicidad.

Según estos, el programa que permite cámaras fue inicialmente concebido para los procesos judiciales posteriores al juicio. De hecho, fue en el 2015 que se expandió el programa para permitir las cámaras en procedimientos judiciales en casos criminales y civiles. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y la Asociación de Relacionistas Profesionales se han expresado a favor de ampliar el acceso a cámaras en los tribunales como una medida de mayor transparencia de los procesos.

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A raíz de la transmisión en vivo de la vista preliminar de Medina Cardona, se ha generado todo un debate de la comunidad jurídica proponiendo su eliminación o enmiendas para que sea más restrictivo. Esos reclamos, hasta el momento no se han materializado en una petición formal, tanto el Tribunal Supremo como la OAT están conscientes del debate que han generado.

'Nosotros hemos escuchado lo que se dice en las redes sociales, lo que se dice en los medios, lo que se ha publicado. Hemos estado atento a lo que se ha dicho. Sabemos que en el Tribunal Supremo también han estado atentos a ello y, en su momento, como proyecto que es será parte todos esos comentarios de la discusión que hará el Tribunal Supremo, pero la decisión final está en manos del Tribunal Supremo', sostuvo Steidel Figueroa.

El Juez Administrador de los tribunales insistió en que el programa que permite la transmisión de los procesos judiciales es autorizado por el Tribunal Supremo y no por la Oficina de la Administración de los Tribunales, por lo que la decisión final sobre su permanencia, cambios o eliminación le corresponde al Supremo.

No obstante, por ser un proyecto experimental, está abierto a las discusiones y preocupaciones de la comunidad jurídica.

'Creo que todos los señalamientos deben ser escuchados y que deben ser examinados. Por un lado, hay un sector que habla de la total transparencia en los procesos judiciales y consideran que transparencia implica poder tener cámaras en todas las etapas. Hay otros que señalan, bueno la transparencia es importante, pero eso no necesariamente implica que otros intereses, como son los derechos de las partes y los acusados tengan que ponderarse. No me corresponde a mí resolver el conflicto', sostuvo el juez Steidel Figueroa.

Señaló que es parte del debate la exposición mediática que tienen casos judiciales de alto perfil como son los juicios por corrupción a funcionarios, políticos y figuras conocidas.

'En este punto, como administrador no voy a asumir una posición que no sea ejecutar el proyecto según la directriz que ha dado el Supremo y la determinación final sobre la permanencia o ampliación de este proyecto', reiteró el Administrador de los tribunales.

De acuerdo con Steidel Figueroa el debate sobre la pertinencia de permitir la transparencia en los procesos judiciales haciendo accesible estos a través de su transmisión no es un debate exclusivo de Puerto Rico. El debate entre los derechos y permitir tecnología para transmitir procedimientos es un debate que se está dando en otras jurisdicciones.

'Lo que puedo hacer en este punto es invitar a todas las personas que tengan planteamientos al respecto que los envíen al foro que lo atiende que es el Secretariado de la Conferencia Judicial', indicó.

Como ejemplo de ese balance que se debe tener para proteger los derechos de los ciudadanos, Steidel Figueroa mencionó los casos en los que están involucrados menores de edad, que para su protección es preferible restringir el acceso al público a ciertos procedimientos.

'Al final, el debate no ha concluido. Todavía es un proyecto a experimental, ese es su título. La verdad es que, el debate, como sabe, tiene dos posiciones. Y le corresponde a la sociedad y a nosotros como país determinar cuál es posición final que vamos a tomar en armonía con los derechos fundamentales de las personas, que sí hay que protegerlos y tienen una importancia brutal en nuestra sociedad democrática. Como dije, le compete al Tribunal Supremo tomar una decisión final al respecto', puntualizó el Administrador.