No es el de la Junta, y ha pasado debajo del radar

Mientras toda la atención está puesta en la argumentación oral este martes en la que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos evaluará la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal (JCF), otro caso ante ese foro puede alterar el proceso criminal en Puerto Rico de manera radical.

Se trata de Ramos v. Lousiana, una controversia cuyo resultado puede ser que el Tribunal Supremo federal reconozca que es un derecho constitucional de los acusados en casos criminales estatales que los veredictos de culpabilidad sean unánimes, de la misma forma en que lo tienen que ser en la jurisdicción federal.

La unanimidad de los veredictos criminales no es tema nuevo para Puerto Rico. Incluso, Pablo Casellas, convicto por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes, logró que el Tribunal de Apelaciones le concediera un nuevo juicio por, entre otros argumentos, que el veredicto violaba sus derechos constitucionales porque no había sido unánime. Luego el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó ese dictamen y denegó el nuevo juicio a Casellas.

El caso de Ramos v. Lousiana tuvo su vista oral el lunes pasado, 7 de octubre, y Puerto Rico fue mencionado como una de las posibles complicaciones para imponer el criterio de unanimidad en los veredictos ya que, por su tradición hispánica, es una de las jurisdicciones estadounidenses donde el veredicto en un caso criminal no tiene que ser unánime. En la Isla, puede ser con el voto afirmativo de 9 de 12 jurados.

Como materia de record, Puerto Rico compareció en el caso de Ramos como amigo de la corte junto con los estados de Utah, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Nebraska, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas y West Virginia para argumentar que el Supremo debe dejar quieto el precedente que establecieron en 1972 en el caso de Apodaca v. Oregon. Allí se dijo que los veredictos criminales federales tienen que ser unánimes, pero tambien se hizo una expresión disidente que ha provocado cierta confusión sobre el poder de los estados para decidir reglas distintas en cuanto a los veredictos criminales.

Las menciones de Puerto Rico en la vista oral ocurrieron al explorar que pasaría si se impusiera la unanimidad, en el sentido de si eso daría paso a que una cantidad de convictos que lo fueron sin unanimidad del jurado puedan pedir la revisión de sus casos para quedar en libertad.

El que trajo a colación a Puerto Rico fue el juez Stephen Breyer, quien a lo largo de su carrera ha favorecido la autonomía del autogobierno en Puerto Rico y el concepto del Estado Libre Asociado.

Al cuestionar a la Procuradora General de Lousiana, Elizabeth Murrill, el juez Breyer comentó ‘Puerto Rico es un caso difícil, de hecho’. ‘Hay una tradición hispánica y, no se, a lo mejor hay que traer los Casos Insulares. Habría que revisarlos. Habría que meterse en el asunto del status. Puerto Rico me preocupa’, dijo el Juez al contemplar que pasaría si se decretara que hay un derecho a que los veredictos criminales estatales sean unánimes.

La referencia a los Casos Insulares responde a una serie de decisiones del Supremo hechas hace más de 100 años cuando Estados Unidos adquirió territorios como Puerto Rico y en los cuales se decreta que el Congreso tiene capacidad para tratarlos distintos a cómo se trata a los estados en cuanto a derechos y deberes. Esos casos están metidos en la argumentación de la controversia de la constitucionalidad de los nombramientos de la JCF porque los abogados de la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) están pidiendole al Supremo que revoquen esos casos y eliminen el tratamiento discriminatorio contra la Isla.

Más tarde en el argumento, el abogado Jeffrey L. Fisher, quien representa al convicto Evangelisto Ramos en su intento porque su condena sea revisada por haber sido producto de un veredicto no unánime, volvió a traer a Puerto Rico en referencia a las preocupaciones de Breyer.

‘(En nuestro escrito) apuntamos que este Tribunal sostuvo en Balzac (uno de los Casos Insulares) que el derecho a juicio por jurado no aplica a Puerto Rico de la misma manera que a los estados. Así que eso sería una pregunta sobre los Casos Insulares. Quizás estarán hablando de eso la semana que viene’, le dijo a Breyer en referencia a la vista del martes.

Antes de terminar la vista de Ramos, Puerto Rico volvió a asomar la cabeza en la última pregunta, a cargo del juez Samuel Alito, quien la dirigió a Fisher.

‘Imaginemos que decidimos a su favor y que un acusado que lleva 21 años convicto por un veredicto no unánime en Puerto Rico viene aquí y dice, ‘miren, soy un ciudadano de los Estados Unidos y la única razón por la que fui convicto por un veredicto no unánime son estos viejos Casos Insulares que reflejan la actitud de una epoca despues de la Guerra Hispanoamericana, y de igual manera que ustedes echaron a un lado (el caso de) Apodaca, deben echar a un lado los Casos Insulares», planteó Alito.

‘Creo que diría que eso es diferente por todas as razones que he delineado. Los Casos Insulares fueron decisiones mayoritarias de este tribunal. Estaban basados en una visión que no ha sido descartada o abandonada por la jurisprudencia del tribunal’, dijo Fisher en referencia a que, hasta el día de hoy, el Supremo federal no ha dejado de defender el poder del Congreso para tratar a Puerto Rico distinto a los estados por su condición de territorio.

*NotiCel estará este martes en la vista de argumentos orales sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Siga toda nuestra cobertura especial.