Tan reciente como hace un mes se garantizó una silla en el Senado en parte por su trabajo en Fortaleza con el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, pero ahora el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, no quiere responder por irregularidades cometidas bajo su tiempo de servicio en la Mansión Ejecutiva.

Tras una primicia de NotiCel sobre cómo la campaña de Rosselló Nevares llevó a Fortaleza unos cuatro vehículos de campaña y provocó que se sufragaran con fondos públicos sin contrato y sin ser transferidas a la Mansión Ejecutiva como propiedad pública, procuramos a los miembros del equipo cercano del exgobernador para conocer sus reacciones y explicaciones sobre los hallazgos, pero se ha impuesto el código de silencio.

De hecho, ya la contralora Yesmín Valdivieso había confirmado que a sus auditores se le había ocultado tanto la existencia de los vehículos, como las facturas y otros documentos relacionados con los desembolsos de fondos públicos para pagar por el alquiler de estos y que la Oficina del Contralor Electoral estimó en $229,063.30.

NotiCel procuró indagar sobre el origen de la transacción con parte del personal más allegado de Rosselló Nevares a principios de su administración, tales como Ramón Rosario, que fungía como secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza; Alfonso Orona, que era el principal Asesor Legal de Rosselló Nevares y el hoy senador William Villafañe, otrora secretario de la Gobernación. A la hora de publicar esta historia ninguno quiso responder o dar detalles de lo ocurrido.

Lee la historia original: El gobierno pagó por guaguas de campaña de Rosselló Nevares

A traves de Leticia Jover, oficial de prensa del senador Villafañe, expresó que no harían comentarios. Sin embargo, más temprano Villafañe indicó que no hablaría del tema 'porque el no tuvo nada que ver' y que entiende había sido un error clerical, según la producción de la radioemisora WIAC-AM.

Aunque el Departamento de Justicia tampoco quiso contestar si investigará la transacción, Valdivieso indicó que todavía espera por el memorando legal ante un eventual referido a Justicia y la identificación del personal de La Fortaleza responsable de haberle ocultado la información.

'Como es nuestra norma en la Contraloría, estamos esperando por el memorando legal de parte de nuestra oficina de Asuntos Legales para determinar el curso a seguir en cuanto a posibles referidos por los hallazgos, así como por los responsables', dijo la Contralora.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced pidió el miercoles a la Oficina de la Contralora una auditoría completa sobre el trámite que se siguió en la Oficina del Gobernador para mantener y pagar estas guaguas de campaña.

Para el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román, que el Comite de Ricardo Rosselló Nevares reembolse los $229 mil que el Gobierno pagó por el alquiler de guaguas de su campaña no exime a las autoridades de cumplir con su deber de investigar y fijar responsabilidades ante los posibles delitos cometidos en la irregular transacción.

De acuerdo con el abogado, la determinación de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) que obliga al Comite Político de Rosselló Nevares a restituir los $229,063.30 que el Gobierno de Puerto Rico pagó a la empresa Allied Car & Truck Rental por concepto del arrendamiento de las guaguas, confirma que funcionarios autorizaron el desembolso de fondos públicos sin el debido proceso de ley.

'El hecho de que haya una determinación de OCE confirma que ocurrió. El hecho de que el Comite reembolse el dinero no lo libera de la posible comisión de delito al haberse pagado los vehículos de campaña sin un contrato o proceso de licitación como se requiere. Eso es aparte de las denuncias de la Contralora que levantan serias dudas sobre por que se escondió información a los auditores en La Fortaleza', afirmó el presidente del Colegio de Abogados a este diario digital.

Asimismo, sostuvo que el Departamento de Justicia está obligado a investigar el escabroso asunto ya que es ilegal pagar por facturas de bienes y servicio al Gobierno de Puerto Rico sin que previamente se haya formalizado un contrato y sobre todo, ante las denuncias que hizo Valdivieso a NotiCel de que se le ocultó la información.

Román tambien planteo que para que se pudieran emitir los cheques a la compañía de alquiler, de ordinario, se generan una serie de documentos en un proceso en el que intervienen varios funcionarios que verifican que el servicio se ofreció y que se hizo conforme a las disposiciones acordadas por contrato.

La situación se agrava, según Román, con la acción de los funcionarios de La Fortaleza durante el proceso de auditoría de la Contralora ya que ocultaron información indispensable para que esta pudiera hacer una determinación sobre el uso de los fondos públicos en el Palacio de Santa Catalina.

'Ciertamente, ese elemento va a provocar que eventualmente este asunto tenga que ser referido al Departamento de Justicia. Esto parece más delito que problemas por el mero incumplimiento de alguna norma administrativa. Lo que está diciendo la Contralora es un asunto de obstrucción a la justicia e incumplimiento del deber y algo más grave que es uso de fondos públicos para asuntos que no lo eran', añadió el letrado.

El Contador Público Autorizado (CPA) y alcalde de San Sebastián, Javier Jimenez coincidió con el Presidente del Colegio de Abogados en que el proceso de emitir pagos con fondos públicos es uno bastante complicado. Explicó que durante el minucioso proceso, intervienen varios funcionarios y preliminarmente otro funcionario verifica que la factura corresponda a un contrato numerado como medida cautelar antes de que se apruebe hacer el cheque.

'En ese proceso pasa por muchas manos antes de autorizar un cheque', insistió Jimenez tras cuestionar que los funcionarios pagaron por el alquiler de vehículos de campaña sin que haya habido un contrato en los records públicos. Al igual que Román, sostuvo que es imprescindible que se aclare cómo se tramitaron los pagos y quienes autorizaron los mismos.

'Tienen que aclarar al centavo que fue lo que ocurrió con estos vehículos y el pago indebido de los mismos, quien lo autorizó, quienes participaron del proceso y si se han destruido o alterado documentos', sostuvo el alcalde.