No descansan ni en las Navidades. La Junta de Control Fiscal radicó hoy una moción que solicita una sentencia sumaria para anular la Ley 29 que firmó el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares en su búsqueda por darle un respiro a los municipios.

El pleito legal por esa medida ya ha sido discutido por la jueza Laura Taylor Swain, quien en agosto denegó una moción radicada por el Gobierno de Puerto Rico que buscaba desestimar la demanda del ente por esa la referida ley, que entre otras cosas, exime a los municipios de pago al Sistema de Retiro. Con la nueva moción, la Junta busca culminar el pleito rápidamente.

'Ley 29 transferiría cientos de millones de dólares de deuda de retiro municipal y obligaciones de servicios de salud al Gobierno de Puerto Rico, ya que, entre otros asuntos, elimina la obligación de los gobiernos municipales para reembolsar al erario público por los gastos de pensión de sus retirados. La

moción establece que la Ley 29 es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y que se aprobó en violación a la Ley PROMESA', lee un comunicado de prensa enviado por el ente fiscal.

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'En aras de salvaguardar los intereses del pueblo de Puerto Rico debemos dar punto final a

estas prácticas lo más pronto posible sin incurrir en los gastos de un juicio prolongado', agregó el ente.

La medida en cuestión fue firmada por el exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares como movida para darle un respiro a los ayuntamiento, que atraviesan, en su mayoría, una severa crisis fiscal. Desde la firma, la JCF reclamó que la Ley 29 es contraria a las disposiciones del Plan Fiscal certificado con relación a las aportaciones que los municipios y corporaciones públicas deben efectuar para el Sistema de Retiro y las aportaciones médicas, obligaciones que se incumplieron continuamente desde que comenzó a operar el sistema Pay Go.