La medida legislativa, que tendría que pasar el crisol de la Junta de Supervisión Fiscal, fue sometida por petición.

La propuesta legislativa para aumentar las pensiones de los jubilados del Gobierno y otorgar un incremento de hasta $300 en julio de este año, obtuvo apoyo casi unánime en las audiencias públicas que celebró la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes.

El Proyecto de la Cámara 2038, se informó, fue radicado por petición del Frente en Defensa de Pensiones y se asegura que cuenta con el aval de todas las delegaciones en dicho cuerpo.

Esto, a pesar de que su fuente de financiamiento es incierto y que la pieza legislativa tendría que ser avalada por la Junta de Supervisión Fiscal. El propio ente fiscal pronostica una contracción económica cuando se acaben los fondos de reconstrucción.

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Acudieron en apoyo a la medida el Capítulo de Jubilados de de la Federación de Maestros (FMPR); el Capítulo de Jubilados de UNETE; el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico; la entidad Construyamos Otro Acuerdo; el Capítulo de Jubilados de Educamos; el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas y el Frente en Defensa de Pensiones..

La medida, de aprobarse, crearía la “Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y Municipios”.

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La misma dispone que “efectivo el 1ro. de julio de 2024, aumentarán en un diez por ciento todas las anualidades que pague el Estado Libre Asociado a los pensionados de los Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado, por mérito, edad y años de servicio o incapacidad; y que estén vigentes a esa fecha. El valor máximo de la anualidad que se tomará en cuenta para este cómputo será de hasta $3,000.00”.

Establece además que “efectivo el 1ro de julio de 2025 y cada primero de julio subsiguiente, se establecerá un aumento de las pensiones equivalente al COLA que determine el Administrador del Seguro Social de Estados Unidos y que entre en vigor en enero del año natural correspondiente”.

Sostiene que los fondos necesarios para cubrir el costo que conlleve la legislación provendrán de los Ingresos del IVU que no estén asignados al Fondo de Administración Municipal, 0.50%; IVU Municipal, 1%; a la Corporación para el Desarrollo de las Artes, las Ciencias y la Industria Cinematográfica de Puerto Rico, y al pago de la deuda de COFINA según lo dispone el Tercer Plan de Ajuste del Título III enmendado de COFINA, confirmado el 5 de febrero de 2019; y de los sobrantes del presupuesto general del ELA de cada año fiscal, “entre otros”.

“Las implicaciones de no atender lo aquí expuesto serían sumamente graves para el país ya que una parte sustancial de nuestra población está compuesta por personas de edad avanzada. Hay quienes afirman que este sector representa un 44% del total de la población y está en continuo aumento. No atender estas condiciones resultaría en un daño irreparable no solo para el magisterio retirado, sino para el país”, sostuvo la vicepresidenta de la organización EDUCAMOS, Eva L. Ayala Reyes, en ponencia que compartió con William Pérez Vega del Capítulo de Retiradas/os.

“El proyecto de ley que tiene la Comisión ante su consideración es uno que va dirigido en la dirección correcta para poder disfrutar de un retiro digno. Este proyecto es un paso moral y humanamente ineludible para ir creando una sociedad más justa, solidaria y equitativa”, sostuvo por su parte Myra Rivera Torres Portavoz, de la organización Construyamos Otro Acuerdo.

Al apoyar la medida, el Capítulo de Jubiladas y Jubilados de la Federación de Maestros ofreció datos recientes sobre la situación de los jubilados en Puerto Rico.

Indicaron que al presente, alrededor del 66% de la población de sesenta años o más no pudo alcanzar un grado universitario y que, aunque el 81% recibe el Seguro Social federal, los ingresos de los adultos mayores son tan bajos que el 42% depende del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y en el año 2023, más del 40% de los adultos mayores se encontraban bajo el nivel de pobreza; según las guías para la determinación de la pobreza en los Estados Unidos.

Por su parte el Capítulo de Jubiladas y Jubilados de UNETE sostuvo en su ponencia que en Puerto Rico hay miles de maestras que tienen una pensión mensual de $500 a $700 y “no hay que ser un genio en economía para concluir que esa es una pensión de indigencia que impide atender las necesidades básicas de un ser humano”.

Agregaron que uno de los renglones principales afectados por estas limitaciones es el de la salud. “Las(os) maestras(os), al no cotizar para el seguro social, no tienen acceso a los planes médicos advantage y costean planes médicos privados que cada año van en aumento limitando los estudios médicos y los medicamentos que necesitan. Cabe señalar que hay más de 13,000 docentes jubilados que no reciben la aportación mensual de $100 para costear su plan médico privado lo cual reduce el poder adquisitivo de su pensión”.

La audiencia contó con representación de todas las delegaciones, encabezados por el presidente de la Comisión, Domingo Torres García del Partido Popular Democrático (PPD) junto a los representantes Lourdes Ramos Rivera del Partido Nuevo Progresista (PNP), Denis Márquez Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Lisie Burgos Muñiz del Proyecto Dignidad (PD).

‘’Estamos comprometidos con seguir impulsando esta medida en busca de hacerle justicia a todos los jubilados y que cuenten con la ayuda necesaria para que puedan continuar con una calidad de vida a la altura de lo que se merecen’’, afirmó Torres García.