Cannabis

Dudas sobre Justicia y Fortaleza por referido de intervenciones indebidas en cannabis medicinal

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A tan solo un mes de ocupar sus respectivos cargos bajo el mandato de Ricardo Rosselló Nevares, funcionarios de la alta gerencia de La Fortaleza comenzaron a hacer movidas dirigidas a controlar la industria del cannabis medicinal para beneficiar a sus allegados. 

Estos actos incluyen intervenciones indebidas en contrataciones, conflicto de intereses y presiones a otros funcionarios públicos, según consta en documentos en poder de NotiCel, cuyos personajes principales son la asesora en Desarrollo e Infraestructura del Gobernador, la licenciada María Palou Abasolo, y su esposo, el licenciado José Giovanni Ojeda Rodríguez. Palou Abasolo fue también una de las participantes en el notorio chat de WhatsApp que existía con miembros de la plataforma de Rosselló Nevares, el Plan para Puerto Rico, el cual produjo esta semana la declaración de culpabilidad del exjuez Rafael Ramos Sáenz por delitos cometidos mediante su participación en el chat.

Los hechos sobre el cannabis medicinal constan en un paquete de evidencia, suministrado a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, por el entonces secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier con fecha del 10 de septiembre de 2018. No fue hasta ayer, jueves 25 de julio de 2019, que la Secretaria, ahora posible futura Gobernadora, aseguró que la información "fue referida como corresponde a la Oficina de la Jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, y actualmente dicho asunto se encuentra bajo investigación activa en el Departamento de Justicia". Esto lo dijo ante la revelación de la existencia del referido por parte de la columnista de NotiCel, Sandra D. Rodríguez Cotto. La inacción que se le imputa a la Secretaria podría iniciar una pesquisa en su contra por negligencia y ya la Oficina de Ética Gubernamental dijo que está examinando la revelación para posible investigación.

La solicitud de Maldonado Gautier ponía a Vázquez Garced en posición de entrar a investigar una industria en la que figuraron como cabilderos el expresidente senatorial Charlie Rodríguez y su hija Valerie Rodríguez Erazo, una estrecha colaboradora de la Secretaria desde al menos su tiempo de servicio como Procuradora de la Mujer, cuando extendió varios contratos a CDO Group, empresa de consultoría a la que está adscrita Rodríguez Erazo, quien también es esposa del cabildero y exdirector de campaña de Rosselló Nevares, Elías F. Sánchez Sifonte.

En la misma línea, otra evidencia presentada ayer es un pantallazo de una conversación entre Maldonado Gautier y Vázquez Garced sobre la controversia de los vagones con ayuda hallados abandonados en la Comisión Estatal de Elecciones. Se desprende que la Secretaria examinó un borrador de comunicado de prensa al respecto y le recalcó al entonces secretario de la Gobernación que si en el asunto no había delito no se le debería referir. "Así no me ponen (sic) posición de investigar y emitir expresiones", dijo en unas expresiones cuya autenticidad la Secretaria validó el jueves aunque sostuvo que " la misma pretende ser interpretada de manera errada e incorrecta".

En esa conversación de los vagones, que es el 16 de septiembre de 2018, seis días después del referido sobre el cannabis medicinal, Vázquez Garced le dice a Maldonado Gautier que "la Fiscal castellón ya analizó el referido de Salud y hay los elementos para Investigar (sic). Mañana necesito hablarle para q (sic) tomen una decisión en Fortaleza". La Secretaria no ha dicho si ese referido de Salud es el mismo del cannabis medicinal que ayer dijo estaba bajo "investigación activa" y no ha aceptado solicitudes de entrevista para aclarar. La expresión también plantea interrogantes sobre cuál es la decisión que se supone tome Fortaleza sobre un asunto que ya la jefa de Fiscales ha determinado que contiene elementos suficientes para iniciar una investigación.

El referido sobre el cannabis medicinal presenta un cuadro de influencias que se asemeja al esquema montado en el Departamento de Educación y en la Administración de Seguros de Salud, el cual produjo seis arrestos que sacudieron al gobierno este verano, por abordar el tema del fraude con fondos federales y la corrupción. En el esquema, terceros tenían acceso directo a la Mansión Ejecutiva y a las jefaturas de estas agencias públicas, a toda vez que, según el pliego acusatorio, cobraban una comisión de 10% por cada contrato arreglado. El referido no contiene imputación de que empresas privadas estuvieran pagando por las influencias, pero se le pide a Vázquez Garced que investigue hechos de intervención en las agencias de parte de personas externas que también aparecían vinculados a empresas del mundo del cannabis medicinal.

Mira el pantallazo aquí.

Los sucesos relacionados al cannabis medicinal tienen su génesis en febrero de 2017, cuando el licenciado Antonio Quilinchini Arbona, entonces asesor legal en el Departamento de Salud especializado en temas de cannabis medicinal y sustancias controladas, fue citado a reuniones en La Fortaleza en al menos tres ocasiones. Los encuentros fueron con la entonces secretaria asociada de la Gobernación, Itza García Rodríguez, y tuvieron el propósito de discutir temas relacionados al cannabis medicinal o el Comité de Cannabis. 

En estas reuniones, “siempre estuvo presente Ojeda Rodríguez, quien daba su opinión sobre cómo trabajar los asuntos relacionados al Cannabis Medicinal, a la vez que cuestionaba acciones del Departamento de Salud sobre el tema”, de acuerdo a la información.

Los temas abordados en las reuniones incluían el análisis del sistema de rastreo de cannabis medicinal, que es un “Inventory Tracking System”, conocido también como “Medical Cannabis Software”. Este sistema había sido adjudicado mediante subasta por la administración de Alejandro García Padilla, en agosto de 2016, a la empresa BioTrack. Sin embargo, el proceso fue impugnado en el Tribunal de Apelaciones por la compañía MJ Freeway LLC.

Mientras el caso se ventilaba en el ámbito legal, en las reuniones en La Fortaleza —según el relato— Ojeda Rodríguez utilizaba su acceso y participación para tratar de influenciar en la cancelación del contrato ya adjudicado y la posterior contratación de otra empresa: Kind-Agrosoft LLC.

En sus esfuerzos, Ojeda Rodríguez abogó por cambiar el tipo de programa que se utilizaba, de “Seed to Sale”, que representaba el estándar y similar al empleado en los Estados Unidos, a “Seed to Bank”. En la subasta, señala el documento, Kind-Agrosoft LLC se postuló como usuaria de “Seed to Sale”, no obstante, cuando fue sugerida por Ojeda Rodríguez, se presentó la empresa como una capaz de ejecutar el “Seed to Bank”. Incluso, Ojeda Rodríguez pactó una reunión entre el Presidente de Kind-Agrosoft LLC y Quilinchini Arbona en la oficina de este último para presentarle su producto.

El 27 de abril de 2017, el Tribunal de Apelaciones determinó que la subasta del software se hizo conforme a derecho. El caso fue posteriormente elevado al Tribunal Supremo.

Un día después, según consta en el documento de la Secretaría de la Gobernación, Palou Abasolo envió por mensaje de texto a Quilinchini Arbona una lista de solicitudes pendientes en el Comité de Cannabis para licencias. La Asesora buscaba que fueran discutidas ante el Comité y aprobadas. En una ocasión, escribió “nec que las vean hoy”, a modo de decir “necesito”.

En mayo, Palou Abasolo envió otro mensaje para preguntarle al abogado sobre las solicitudes de licencia de dispensario o cultivo de cannabis medicinal expedidas y las solicitudes presentadas.

En julio, Palou Abasolo convoca junto a Quilinchini Arbona la primera reunión de la Junta Reglamentadora del Cannabis —creada a partir de la Ley 42 de 2017—, pero no contó con quorum. Sin embargo, Palou Abasolo “entró a saludar y preguntar por qué el Departamento de Salud no intervino en el caso pendiente” en el tribunal, “para indicar que la subasta del Sistema de Rastreo quedaría sin efecto”. Quilinchini Arbona aseguró que el Departamento de Salud adoptó esta línea de cuestionamiento hacia él. 

Ese mismo día, sin mediar motivación, Ojeda Rodríguez envió un correo electrónico a Quilinchini Arbona con tres borradores de resoluciones para ser emitidas por la Junta Reglamentadora de Cannabis: 

  1. Designación de Quilinchini Arbona como director ejecutivo interino de la Junta.
  2. Orden al Departamento de Salud a declarar nula la subasta para la contratación del sistema de monitoreo y entonces presentar moción de desestimación pendiente en el Tribunal Supremo.
  3. Orden al Departamento de Hacienda a comenzar un proceso de selección expedito y de emergencia para contratar a un proveedor de servicios de monitoreo para el programa de cannabis medicinal.

Cuando se constituyó la Junta y se discutió el tema de los softwares, se acordó permanecer en “Seed to Sale” porque, en parte, cambiar el sistema atrasaría la implementación de reglamentación sobre el cannabis medicinal, lo que a su vez traería complicaciones para la industria que la Administración Rosselló Nevares veía como una fuente adicional de ingresos para el fisco ante la crisis.

Por incomodidad, Quilinchini Arbona no presentó las resoluciones ante la Junta, lo que provocó que Ojeda Rodríguez le llamara por teléfono para discutir. Luego, en Telegram, este último se disculpó y aseguró que su esposa, Palou Abasolo, estaba insistiendo sobre el tema. La comunicación entre todos se vio interrumpida por varios meses.

El paquete de evidencia incluye varios mensajes a través de Telegram y la mención de que se utilizaba esta plataforma para cursar comunicaciones, lo cual es el primer indicio concreto de que el uso de esta red de mensajería era una práctica común en la Administración Rosselló Nevares desde que asumió el cargo el 2 de enero de 2017. 

Para propósitos de comparación, el chat del Gobernador tiene fecha de noviembre de 2018 a enero de 2019, mientras que las conversaciones que involucran a Palou Abasolo surgieron a partir de febrero de 2017, o sea, a tan solo un mes de formalmente ocupar su silla como asesora del Gobernador. Incluso, la asesora del Gobernador llegó a expresarle al licenciado Quilinchini Arbona que sus acciones tenían como norte el hacer cumplir el Plan de Gobierno, documento que tomó forma a partir del Plan para Puerto Rico de Rosselló Nevares.

Los eventos preceden aquellos esbozados en 889 páginas del chat de Telegram, en el cual el Gobernador y 11 allegados —algunos que aún ocupaban cargos en su Administración—, se burlaban de mujeres, personas con diversidad funcional y hasta las muertes a consecuencia del huracán María, a toda vez que se discutieron asuntos confidenciales de política pública entre exfuncionarios y se orquestaron persecuciones políticas y mediáticas contra detractores políticos.

Más reuniones e intervenciones

En verano de 2018, Quilinchini Arbona fue citado a una reunión en la oficina de Palou Abasolo, por el ingeniero Héctor Rodríguez y la licenciada Rosalía Cruz, para discutir el borrador del reglamento de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la cual era dirigida por el ingeniero.

Dicho borrador le quitaba autoridad a la Junta Reglamentadora de Cannabis para evaluar y autorizar el establecimiento de cultivos o dispensarios de cannabis medicinal. Quilinchini Arbona alegó no sentirse cómodo en ese encuentro y pidió que tuviera lugar en las instalaciones del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), junto a más miembros de la Junta. La reunión culminó con los miembros en discrepancia respecto al borrador y en el tema del software “Seed to Bank”. Al poco tiempo, comenzaron los rumores de que Quilinchini Arbona sería destituido de su rol como director ejecutivo de la Junta.

“Para agosto de 2018, el licenciado Ojeda Rodríguez vuelve a llamar al licenciado Quilinchini Arbona y le solicita que deje de hablar de él y de su esposa la licenciada Palou Abasolo. El 14 de agosto de 2018, la licenciada Palou Abasolo le escribe un mensaje al licenciado Quilinchini Arbona por Telegram solicitando que desista de cualquier expresión difamatoria en su contra y apercibiéndole que de continuar con dicha práctica tomará las acciones que en derecho procedan”, según el documento.

Aunque Quilinchini Arbona no había renunciado ni había sido destituido por sus pares en la Junta, Palou Abasolo alegadamente solicitó al secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, que remplazara al licenciado con el agrónomo Irving Rodríguez, asesor del Secretario de Agricultura y su representante ante la Junta. En otra ocasión, lo pidió a través de un mensaje de texto.

El Agrónomo, por su parte, sale mencionado como “farming consultant” de una de las compañías que solicitó licencia de cannabis, mientras que Ojeda Rodríguez aparecía como asesor legal. En una carta posterior, el Agrónomo aseguró que Roberto M. Cacho, presidente de la empresa, sometió un organigrama enmendado de su compañía porque el que incluía esos nombres era erróneo.

Mira el referido completo aquí.


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