Recuerdo que fue durante mi epoca de universitario cuando me enfrente por primera vez a una de esas curiosas idiosincrasias puertorriqueñas. En muchas ocasiones necesite estadísticas del gobierno para trabajos de investigación y – para sorpresa de pocos – generalmente me resultaba casi imposible obtenerlas. La agencia en cuestión rehusaba compartirlas, y en vez, contestaba mi pedido con la pregunta, ‘¿para que tu quieres eso?’.

Siempre logré conseguirlas – por pala o por maña – pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que las agencias no tan solo no compartían las cifras cuando eran negativas: tampoco las compartían cuando eran positivas.

Entonces entendí que en Puerto Rico impera una cultura de secretividad. Uno puede entender que las administraciones públicas, por su componente político, traten de esconder sus fallas y realzar sus logros. Pero cuando aún esconden sus triunfos, y cuando la primera reacción de los funcionarios es de miedo y ocultación, sabes que te enfrentas a una cultura de opacidad y secretividad.

Para ser justos, debemos reconocer que esto no es sólo un problema del gobierno. En muchas ocasiones son los amigos de Wall Street quienes le exigen al gobierno mantener la secretividad de los acuerdos suscritos con ellos, pues no desean que nadie se entere o del trato preferencial que recibieron o del tumbe que dieron. Y típicamente, el gobierno es sumamente dócil ante ese requerimiento de opacidad.

Obviamente, no todo debe ser público. Hay cierta información que legítimamente debe ser confidencial: algunos asuntos de seguridad nacional, por ejemplo, información íntima de individuos, o alguna información de negocios como lo podría ser la fórmula de productos, etc.

Pero en Puerto Rico mucha de la información crucial para la buena gestión gubernamental y la evolución de la política pública permanece enterrada en las tinieblas de la burocracia gubernamental. Nuestro gran reto es cómo movernos de una cultura de secretividad a una cultura de transparencia. Es algo muy difícil de lograr, que requerirá tiempo, gente e instituciones con la fuerza y el temple para mover al gobierno a ser más transparente. En la medida en que la ciudadanía exija más apertura, la norma – aunque sea forjada al son de los empujones de la opinión pública – será la de compartir información y ser más transparente.

Es importante señalar que la transparencia requiere no solo el acceso a documentos, datos e información, sino que requiere también la capacidad de interpretarlos, evaluarlos y entenderlos, así como también la facultad para actuar sobre la información recibida. La transparencia es importante no tan solo para que el pueblo esté enterado y participe de la gestión gubernamental, sino también para que los funcionarios sepan que serán evaluados y que sus acciones serán conocidas. Esto funciona como disuasivo a la corrupción y a la desidia burocrática, y provoca un mejor desempeño porque los funcionarios adquieren consciencia de que sus malos actos no permanecerán impunes.

Me alegró ver la semana pasada que la actual administración gubernamental decidió publicar el acuerdo suscrito entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores. En primera instancia, esta información es de naturaleza e interés público. En segundo lugar, el estado jurídico en Puerto Rico establece la presunción de que todo documento en poder de una autoridad gubernamental es público y, como tal, debe estar accesible a los ciudadanos. Es lamentable que el acuerdo no se haya hecho público desde el principio, y que tuviera que asomarse una demanda de otro grupo de acreedores para que el gobierno lo difundiera. Pero algo es algo.

Por lo menos evité tener que pedirlo, y que me respondieran, ‘para qué tu quieres eso?’

*El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Tomado del blog de CNE.