Casi en el medio del verano, epoca pico de la huida de la rutina hacia festivales playeros, destinos vacacionales foráneos y continuos escapes etílicos, se produjo el anuncio: ‘La deuda no se puede pagar’. Como parte de una estrategia mediática cargada de histrionismo, el gobernador de Puerto Rico se apareció en Nueva York para ofrecer una entrevista exclusiva al Times donde campechanamente reveló ese gran secreto a voces, y aprovechó la oportunidad para dejarles saber a los jeques de los mercados financieros que tenían que asumir parte del fajazo para evitar que la isla descendiera en una ‘espiral de muerte’. El impacto fue contundente y el evento provocó reacciones diversas que han servido para revolcar aún más el complicado panorama social y político que se vive en el terruño y se siente más allá de sus orillas.

Entre las múltiples respuestas a la admisión del gobierno de Puerto Rico está la fascinación con solicitar reportes y planes que detallen la magnitud del desastre y ofrezcan soluciones precisas para remediarlo. Más aún, se espera que las recetas solicitadas sirvan para atender todos los males y que sus efectos se sientan inmediatamente. Así las cosas, se ha desatado una especie de cacareo pericial donde participan toda clase de expertos, cada cual armado con su informe o con una interpretación particular y original de cómo se logra una salida rápida. Irónicamente, en un país donde carecemos de oportunidades para reactivar el crecimiento, contamos con una avalancha de opiniones sobre temas fiscales y económicos que aseguran ser antídotos efectivos contra la crisis y la incertidumbre.

Si bien es cierto que resulta necesario identificar posibles estrategias en el corto plazo para atender la falta de liquidez en el fisco y poder hacerles frente a las aves de rapiña ante un ejercicio de reestructuración de la deuda, entre otros entuertos, también es innegable que ninguna de estas movidas será suficiente para sacarnos del atolladero. La confección de nuevos planes tampoco nos servirá de mucho. A partir del siglo pasado, pero especialmente durante las últimas dos décadas, hemos comisionado una gran cantidad de documentos que detallan rutas a seguir. Desde los famosos clusters hasta los special economic zones y las comunidades especiales, el menú de opciones que nos han provisto algunos especialistas ha sido extenso e ideológicamente promiscuo. Sin embargo, la oferta de remedios no ha podido revertir el descenso de los indicadores de progreso, pues nuestro berenjenal tiene poco que ver con la ausencia de proposiciones sofisticadas y en boga. Más bien, nuestra precaria situación responde, en gran parte, a las obstrucciones que han levantado aquellos que se beneficiaron política y económicamente de la economía del siglo pasado, que son los que se niegan a reconocer que el modelo ideado por los arquitectos de la Operación Manos a la Obra ya dio sus últimos aletazos.

Resulta patético que en pleno siglo XXI sigamos anclando nuestras esperanzas de recuperación en recobrar la Sección 936 o en las ventajas que se pueden lograr bajo la Ley 22, que incentiva el traslado de inversionistas con grandes fortunas a la isla. Ciertamente, la atracción de capital extranjero puede potenciar la creación de empleos, la modernización de la infraestructura tecnológica y la generación de capacidades y conocimientos que sirvan para fortalecer a las industrias autóctonas. Pero para poder lograr estos y otras ventajas es necesario contar con un andamiaje robusto de desarrollo y con una política industrial que vaya mucho más allá de simples esquemas tributarios hechos a la medida. A riesgo de que me cataloguen como un born loser, me atrevo a decir que el afán por mantener o revivir el viejo régimen, anclado en la otorgación de beneficios contributivos que no se fiscalizan, responde a la lógica de supervivencia de una camada de empresarios (y oficiales públicos cómplices) que les sacan provecho desproporcionadamente al sistema y temen que se acabe la dolce vita.

Romper con los contubernios que entorpecen la transformación de nuestra economía requiere mucho más que una lista de proyectos sexys o presentaciones sofisticadas en PowerPoint. Es necesario que se generen espacios de diálogo para que diversos miembros del sector cívico, público y privado puedan reconocer las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo, se logre un intercambio de información que fomente ciertas colaboraciones y coordinaciones—distintas a las que fomentaron las raterías del pasado—y se le abra paso a la elaboración de propuestas precisas de desarrollo. Esta forma de articular una política industrial no es común en estas costas. Tampoco es un proceso que se arma de la noche a la mañana, y no existen atajos que acorten el trecho. Esto no significa que tendremos que esperar largos años para lograr resultados tangibles. Sin embargo, para poder acumular algunas victorias en el camino, tenemos que comprometernos a realizar un esfuerzo a largo plazo donde va a ser necesario arar fuerte, y aprender igualmente de nuestros aciertos y de los errores que seguramente se van a cometer. Se trata de un ejercicio riesgoso y complicado pero sumamente necesario.

La admisión del gobernador en la capital financiera global de que la deuda es impagable sirvió como algo más que una oportunidad para sacar pecho e intentar escudarse de la inevitable embestida de los cobradores. Fue uno de esos eventos históricos que, como definió el sociólogo e historiador William Sewell Jr., ‘son una subclase relativamente rara de acontecimientos que significativamente transforman las estructuras’. Esto quiere decir que ha logrado crear las condiciones para que se alteren partes del orden establecido. Para los que han sabido navegar y sacar partido del status quo la coyuntura resulta amenazante. Otros aprovechan para vender nuevos planes y recalentar ideas trasnochadas. Pero el evento también les abre paso a otras formas de pensar y hacer desarrollo económico. Debemos aprovechar esa oportunidad para enterrar el modelo anquilosado de la posguerra y armar una nueva política industrial que cree oportunidades para todos.

*El autor es Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía. Tomado del blog de CNE.