Dandole control del 90% de los suministros de PR

La senadora Rossana López León denunció el lunes, que las empresas navieras Tote y Luis Ayala Colón, ahora unidas corporativamente como ‘Puerto Rico Terminal’ supuestamente conspiran para quedarse con todo el negocio de carga del puerto de San Juan, lo que les daría el control del 90 por ciento de todos los suministros que llegan a Puerto Rico.

Ambas empresas juntas, dijo, sumado a Crowley Maritime, crearían un virtual monopolio de todo lo que llega a Puerto Rico, desde artículos de construcción y carga general.

‘Imagínense que la crisis alimentaria causada por el Huracán María sea una permanente, con solamente dos socios (Crowley Maritime y la nueva Puerto Rico Terminal) controlando el puerto de San Juan, esa es la grave amenaza que se cierne sobre todo Puerto Rico, con el silencio cómplice del gobierno de Ricardo Rosselló’, detalló la tambien candidata popular a la alcaldía de San Juan en comunicación escrita.

López León aseguró que ‘el pasado 27 de marzo ambas empresas, Tote y Ayala Colón, solicitaron a la entidad Federal Maritime Commission, que regula los permisos para hacer negocios en el puerto de San Juan, quedarse con el control completo del mismo, creando un virtual monopolio en el manejo de carga que llega a la Isla’.

‘Esta conspiración para monopolizar el manejo de carga en los muelles se radicó el pasado 27 de marzo y la agencia federal tiene 14 días laborales (hasta el próximo 16 de abril) para aprobar un acuerdo que pone en manos de estas dos empresas el control completo de los puertos de San Juan, nuestra principal entrada de los alimentos que consumimos los puertorriqueños. Esta es una amenaza terrible y el gobierno de Ricardo Rosselló tiene que estar al tanto de esta amenaza, puesto que la Autoridad de los Puertos se supone que este supervisando lo que pasa en dichas instalaciones, no sólo en el muelle de San Juan, sino en todo Puerto Rico’, añadió López León.

La senadora mencionó que antes del año 1995, la Maritime Commission se encargaba de regular la entraga de carga a Puerto Rico, luego de eso, Puerto Rico pasó a ser regulado por la ‘Surface Transportation Board’, o sea el comercio de trenes. Este nuevo acuerdo sometido entre estas dos compañías Tote y Luis Ayala Colón, junto a Crowley, le daría el control absoluto del muelle de Puerto Nuevo-San Juan y de su tráfico.

‘De aprobarse esta grave amenaza a Puerto Rico, les daría a estas dos empresas incluso el control de las tarifas de la descarga y descarga de los contenedores, los servicios y hasta los horarios de los barcos, los horarios para sacar las mercancías del puerto y quien entraría al puerto de San Juan. Y lo peor, los barcos internacionales no tendrían prioridad en la entrada y todo esto sucedería sin ninguna supervisión’, abundó la senadora.

A juicio de la legisladora, la Autoridad de los Puertos ha demostrado que despues que se le pague su renta por los puertos, no le importa nada más. La función de la Autoridad de los Puertos es fiscalizar y eso no está pasando. ‘El desarrollo económico de Puerto Rico se impulsará mediante competencia, para lograr mejores condiciones y precios y no de la concentración de poder de dos empresas marítimas que demostraron luego del Huracán María, que no tenían la disponibilidad de barcos necesarios para suplir suministros a los negocios y a la población en general. Sin olvidar que estas dos empresas fueron precisamente quienes fueron acusados de monopolio años atrás’.

Con relación a dicha acusación, reportes de prensa indican que Tote y Crowley se pusieron de acuerdo en aumentar artificialmente los precios y estrangulando el comercio, y por añadidura, el empleo de los puertorriqueños. Del 2011 al 2014 se descubrieron las irregularidades en el cobro a clientes y los pagos remitidos a la Autoridad de los Puertos, que en el caso de Crowley fue una cantidad cercana a los $2 millones. Para el año 2015, el Secretario Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, Jesús Alvarado Rivera, informó que durante la investigación se identificaron irregularidades no tan solo con el cobro, sino tambien con la facturación del ‘cargo por seguridad mejorada’, tambien conocido como ‘scanning fee’, aprobado en el 2011 por la Autoridad de los Puertos.

‘Por otro lado según, el acuerdo propuesto y debido a las áreas grises de las regulaciones, dependiendo cómo se aplican las reglas a la carga domestica o internacional, se podrá llevar a cabo acciones de monopolio sin consecuencias, al ponerse de acuerdo en precios. Este acuerdo sometido por estas empresas niega un futuro de desarrollo económico para Puerto Rico’, abundó la senadora, quien retó al gobernador Ricardo Rosselló a que hable claro al País y explique de que lado está, si del pueblo puertorriqueño o de las grandes empresas navieras que atentan contra el desarrollo económico.