Una Auditoría de la Contralora de Puerto Rico reveló el miercoles, desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación sobre la administración del presupuesto, y la apropiación de fondos públicos por parte de un exfuncionario de Guánica.

El Informe de ocho hallazgos señala, además, otras situaciones relacionadas con las recaudaciones, los ingresos, el personal y los controles y procedimientos del Municipio.

El Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de 6.2 millones de dólares para el año fiscal 2012, 3.3 millones de dólares para el 2013, 4.4 millones de dólares para el 2014 y 3.4 millones de dólares para el 2015. Estas cantidades representaron el 52 por ciento, 28 por ciento, 37 por ciento y el 27 por ciento de déficit con respecto a los presupuestos totales para esos años. Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría M-14-14 del 25 de noviembre de 2013. El operar con déficit reduce los recursos disponibles para el año fiscal siguiente, y se afectan adversamente los servicios que se deben prestar a la ciudadanía.

El 26 de febrero del 2016, el Departamento de Justicia radicó cargos por malversación de fondos públicos, falsedad ideológica y violación de la Ley de Ética Gubernamental, contra el entonces Director de Finanzas que fue referido por la Contraloría el 23 de octubre de 2015 a Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR). Nuestra auditoría detectó que el exfuncionario se apropió de 1,380 dólares producto de las actividades de un Maratón 10k que se llevó a cabo como parte de las fiestas patronales de 2013. El exfuncionario se allanó a los cargos y la lectura de sentencia será el próximo 19 de agosto. La OEGPR radicó una querella el 19 de mayo de 2016 que a la fecha estaba pendiente de resolución.

El Informe señala que se realizaron nueve transferencias de créditos entre partidas presupuestarias por 16,900 dólares sin las certificaciones de sobrantes requeridos (cinco transferencias de $12,600 corresponden al ex -Alcalde y cuatro de 4,300 dólares al Alcalde). Además, en 203 certificaciones de sobrantes emitidas por los directores de Finanzas, no se incluyó información sobre las obligaciones y los desembolsos girados contra cada partida, en cinco no se indicó la cantidad disponible para ser transferida y en una no se indicó la asignación presupuestaria de la partida que se iba a afectar.

La auditoría revela también el nombramiento de una directora de Recursos Humanos en enero de 2013, que no cumplía con el requisito mínimo de un bachillerato en la especialidad o área relacionada, la compra de vehículos de motor sin celebrar subasta pública y otras deficiencias con la compra y el alquiler de vehículos para uso oficial del Alcalde.

En los Cometarios Especiales del Informe se señalan las medidas tomadas por el Alcalde para atender la crisis fiscal tales como la reducción del 10 por ciento de su salario y los planes de pago que mantiene con diversas agencias gubernamentales.

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa y cubre el periodo del 12 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015.