La contralora Yesmín Valdivieso informó el martes que emitió una opinión adversa sobre la construcción de obras y mejoras permanentes y los servicios de asesoría en el Vertedero Municipal y de recogido y disposición de desperdicios sólidos en Lajas, cuyos hallazgos produjeron referidos al secretario de Justicia, a la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al secretario de Hacienda y al Contralor Electoral.

‘En los Comentarios Especiales se indica, entre otras, posibles violaciones al Código Penal por irregularidades en la realización de las obras y mejoras, la radicación de cargos criminales contra un exfuncionario y un contratista, y otras actuaciones que pudieran constituir posible comisión de delitos por parte de un funcionario, un empleado del Municipio de Lajas, contratistas y allegados que brindaron servicios al Municipio’, dijo Valdivieso en declaraciones escritas.

Detalló que el Informe M-17-07 , que cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 13 de enero de 2013, indica que el municipio contrató al contratista A para la construcción y remodelación del Área Recreativa Playita Rosada en La Parguera (Proyecto 1) por 195,000 dólares y las mejoras permanentes a edificios del Casco Urbano (Proyecto 2) por 85,000 dólares. Ese contratista, subcontrató a su vez al contratista B -que había licitado en el proyecto 2- para realizar ambos trabajos y también al contratista C -que licitó en ambos proyectos- para realizar trabajos de electricidad. El exceso de lo que el municipio pagó al contratista A con respecto a lo que éste le pagó a los subcontratados ascendió a 189,795 dólares. Estas situaciones se remitieron al secretario de Justicia y a la OEG, el 13 de agosto de 2014.

De otra parte, la contralora señaló que también refirió a Justicia y a la OEG, el 24 de noviembre de 2014, la situación de que dos compañías con un mismo presidente presentaron propuestas para instalar tuberías de agua potable por 155,000 dólares. Este presidente declaró a nuestros auditores que subcontrató dicha obra por 52,432 dólares.

‘El efecto de estas situaciones es que se benefició a unos proveedores en particular, privó al Municipio de seleccionar mejores ofertas, y se pagaron proyectos con precios inflados por 240,243 dólares’, dijo la contralora.

Entretanto, la funcionaria esbozó que según la auditoría, las irregularidades en la contratación de los servicios para el recogido y la disposición de desperdicios sólidos, también se refirieron a Justicia y a la OEG el 20 de mayo de 2015, ya que la Legislatura Municipal no aprobó el contrato lo cual lo hace nulo y la compañía no pagó el canon correspondiente por el uso de instalaciones y el equipo. Estos hechos pueden configurar el delito de negligencia en el cumplimiento del deber de la Ley 149-2004, Código Penal de Puerto Rico.

Precisó que el informe de 11 hallazgos revela además, que se pagaron 52,953 dólares en trabajos no realizados, se formalizaron contratos para construir obras sin obtener al menos tres cotizaciones y contratistas no inscritos en el Registro de Licitadores realizaron trabajos para el municipio. Además, un perito en la construcción de puentes identificó múltiples deficiencias en la construcción del puente sobre la quebrada Los Llanos cuyo costo de 709,804 dólares pudo haber sido de 132,873 dólares, una quinta parte del costo incurrido.

El Informe de Auditoría está disponible en www.ocpr.gov.pr.