La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa con respecto al contrato otorgado a un operador privado para la administración y operación del Centro de Convenciones de Puerto Rico, doctor Pedro Roselló González. El contrato se formalizó el 12 de marzo de 2004.

El Informe señala que no se cumplió con disposiciones de ley relacionadas con la retención de contribuciones sobre ingreso del Operador Privado.

‘Nuestro examen identificó que el Operador Privado realizó la retención de contribuciones del 3% ($1,229) del pago de honorarios a la compañía matriz en el 2009 a pesar de que tenía un Certificado de Relevo Total de Hacienda para ese año. Por otro lado, la Autoridad no le retuvo al Operador Privado el 7% ($49,127) en el 2011 y 2012, de conformidad con la Ley 1-2011, ya que esos años contributivos no se emitieron certificados de relevo. Además, el Operador Privado no informó al Departamento de Hacienda los pagos de honorarios para los años 2007 y 2008, y la Autoridad tampoco notificó el pago del incentivo por $532,970 efectuado al Operador Privado en el 2011’, lee el informe de prensa de la Oficina de la Contralora.

La auditoría de dos hallazgos señala, además, que se incumplieron unas cláusulas del contrato relacionadas al cálculo del incentivo por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se tomaría en cuenta para el pago de honorarios a la compañía matriz. Como resultado se realizaron unos pagos indebidos por $38,115, a la compañía matriz del Operador Privado.

En los Comentarios Especiales del Informe se hace un análisis del desarrollo y operación del Centro de Convenciones. El análisis concluye que el Centro de Convenciones no había alcanzado los niveles de desempeño esperados en el plano operacional así como promotor de la actividad económica. Además para su funcionamiento, el Centro de Convenciones ha dependido del público local más que atraer visitantes del exterior y no ha generado ganancias sino pérdidas en las operaciones.

Nuestros auditores identificaron también deficiencias relacionadas con los incentivos al Operador Privado ya que la Autoridad no cuenta con las herramientas ni con un sistema de evaluación que mida la efectividad del Operador del Centro de Convenciones.