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Presidente de MIDA involucrado en informe de Contralora sobre GN

Querella por selección de concesionarios.

El Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional (FIGN) de Puerto Rico falló en aprobar un procedimiento sobre el proceso a seguir para la selección y contratación de los concesionarios, informó hoy la Oficina de la Contralora.

La Contralora investigó una querella sobre el otorgamiento de un contrato para la operación de las tiendas militares del Fideicomiso. La querella surge porque el contrato de 2008 y las renovaciones en el 2012 y 2017 se otorgaron sin solicitar propuestas o celebrar subastas.

Los contratos objeto del señalamiento de la Contralora son con la empresa Castro Business Enterprises, Inc., cuyo presidente es Ricky Castro, actual presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA). El acuerdo de 2012 fue por $13.5 millones y el de 2017, con vigencia hasta el 2021, es por $21.6 millones.

La investigación realizada por la Oficina de Querellas e Inteligencia Fiscal determinó que el Fideicomiso no cumplió con una de las recomendaciones del Informe de Auditoría DA-13-50 del 2013; la de aprobar un procedimiento sobre el proceso a seguir para la selección y contratación de los concesionarios. En el Plan de Acción Correctiva del 2013 indicaron que la División Legal del FIGNA estaba revisando un borrador del Reglamento que al 7 de julio de 2017 aún no estaba preparado.

Además, el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de PR tampoco cumplió con su ley creadora, Ley 23-1991 que establece, entre otras disposiciones, que la operación de tiendas militares, cantinas y otros servicios o su cesión o arrendamiento para la operación por terceras personas se llevará a cabo de acuerdo con los reglamentos prescritos por el Ayudante General y el Secretario de Hacienda.

Estas situaciones le impidieron a la Junta de Directores del FIGNA contar con la reglamentación que le sirva de guía para el proceso de solicitud de propuestas, selección y contratación de los concesionarios. Además, impide tener a disposición varias alternativas para seleccionar la mejor oferta y se presta para beneficiar a contratistas en particular.

Un helicóptero de la Guardia Nacional de Puerto Rico (Archivo/NotiCel)
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