Washington – El Gobierno estadounidense ha enviado un informe al Tribunal Supremo de EE.UU. en el que respalda la posición de Argentina de que se respete la inmunidad de los activos financieros del país suramericano frente a los llamados ‘fondos buitres’.

Dicha postura se registra en momentos en que en Puerto Rico se discute el que, por primera vez, se renuncie a la ‘inmunidad soberana’ en una transacción de bonos con el resultado de que la Isla pueda ser demandada en Nueva York si algún acreedor tuviera una reclamación con relación a los pagos de deuda.

En una intervención bajo la figura de ‘amicus curiae’, el procurador general de EE.UU. Donald B. Verrilli, Jr. argumenta que el Gobierno tiene ‘un interés sustancial en la correcta interpretación y aplicación’ de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, por su sigla en inglés).

Si el Tribunal Supremo, señala Verrilli, ‘permite más exámenes de activos en propiedad de un Gobierno extranjero, dañaría las intenciones de la ley FSIA, y tendría un número de consecuencias adversas’ para EE.UU.

Se trata del segundo escrito firmado por Verrilli Jr., después de que a comienzos de diciembre brindara su opinión a petición de la Corte Suprema.

El Tribunal Supremo de EE.UU. debe revisar si dos entidades financieras tienen que entregar información sobre los activos de Argentina, en el contexto del largo litigio planteado por los acreedores privados que no admitieron los canjes de deuda pública, tras la suspensión de pagos de Argentina en 2001.

Argentina ha presentado una apelación ante el máximo tribunal de EE.UU. que busca impedir que la empresa Elliott Management Corp. NML, uno de los acreedores privados calificado como ‘fondo buitre’, pueda acceder a las cuentas que tienen el Gobierno y altos funcionarios argentinos en el Bank of America Corp. y el Banco de la Nación Argentina.

NML ha solicitado estos registros bancarios para conocer cómo mueve Argentina sus activos por todo el mundo e identificar dónde podría buscar compensaciones.

Este caso, no obstante, es independiente de la causa central en el que se define si Argentina debe pagar o no, y cómo, a los fondos de inversión que reclaman el pago íntegro de bonos soberanos adquiridos a finales de 2001, tras el desplome de la economía argentina, y los cuales se negaron a participar en las reestructuraciones de deuda impulsadas por el Gobierno argentino en 2005 y 2010.