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El lenguaje del contrato que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) suscribió el 5 de febrero con Millco Advisors, cuyo dueño es un experto en reestructuración de deuda, demuestra que la firma tiene un rol prominente dentro de una reestructuración de las agencias, el BGF y las corporaciones públicas.
El BGF negó recientemente que la contratación de Millco signifique que el gobierno hará una reestructuración de la deuda del ELA pero el contrato sí le encomienda a la compañía hacer un análisis especializado de las finanzas del gobierno y ofrecer asesoramiento sobre ‘alternativas estratégicas,’ un término que conlleva hacer un plan para ayudar al Gobierno a capitalizar luego de cambios grandes.
El contrato con Millco, cuyo principal ejecutivo es Jim Millstein, vence el 31 de marzo y tiene un costo de $500,000 por menos de dos meses de trabajo. Millstein fue jefe de reestructuración en el Departamento del Tesoro federal y asesoró en la reestructuración de la American International Group Inc.
En una reestructuración, se cambian los términos originales de un compromiso de pago para, entre otros, posponer pagos o reducir los montos pagados.
El documento establece que Millco tiene que ‘analizar las proyecciones de flujo y liquidez para el ELA y sus componentes, el BGF y la corporaciones públicas’ usando información provista por el Gobierno.
La labor de Millstein conlleva ‘analizar la estructura capital del ELA y sus componentes, el BGF y las corporaciones públicas, incluyendo el entender todas la obligaciones directas y contingentes’ y proveer asesoramiento legal en cuanto a transacciones financieras.
El documento le otorga a Millstein acceso a información financiera del Gobierno sin restricciones y contiene dos páginas comprometiendo a la compañía a mantener la confidencialidad de la información excepto por aquella que ya se haya hecho pública.
‘El consultor no puede revelar ninguna información relacionada al trabajo hecho bajo este acuerdo’ sin la autorización por escrito del BGF, según el contrato.
El gobierno de Alejandro García Padilla se propone someter en abril un presupuesto con recortes de $650 millones pero no descarta recortes más profundos de hasta $1,500 millones de no cumplirse el nivel de recaudos o controlar unos $850 millones en gastos nuevos.
El nuevo presupuesto viene como cola de la reciente emisión de $3,500 millones en bonos chatarra de obligaciones generales.
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