Un proyecto de ley radicado por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes convertiría la posición de Principal Oficial Financiero (POF), que actualmente ocupa Melba Acosta, en un nuevo puesto cuyo nombramiento tendría vigencia por seis años, y cuyo salario sería de $96,000 anuales.

La medida fue divulgada inicialmente en ‘El Azote’ de WKAQ y está contenida en el Proyecto de la Cámara 2202 de la autoría del representante Javier Aponte Dalmau.

La posición de POF es nueva en el Gobierno de Puerto Rico y actualmente tiene base en la orden ejecutiva 2013-007 del gobernador Alejandro García Padilla. Su justificación oficial es la necesidad de que un solo oficial tenga la responsabilidad del manejo de los movimientos financieros del Gobierno que antes se manejaba de forma fragmentada en el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, las corporaciones públicas, y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La posición también permitió que Acosta acabara con un salario de $180,000.

Según la medida, el POF estará adscrito al BGF, su presupuesto sale del BGF y la persona nombrada debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa, lo cual implica Cámara y Senado, en vez de sólo Senado.

Los requisitos del cargo son un abanico, la persona no tiene que cumplirlos todos, e incluye ‘haber sido socio principal de una entidad financiera reconocida en Puerto Rico’, lo cual aplica a Acosta.

La enumeración de poderes incluye: hacer recomendaciones para un ‘desarrollo económico balanceado’, determinar si es ‘necesario’ que una agencia o corporación en particular tome prestado, asegurar la ‘sostenibilidad financiera’ de dichas entidades públicas, determinar si las estrategias y operaciones financieras de las entidades públicas están ‘bien lideradas y dirigidas para cumplir con sus obligaciones financieras contractuales’, asegurarse que las entidades que deseen tomar prestado ‘pueden controlar y administrar bien el dinero’, ‘asegurar que existan métodos de control financiero internos, y que los mismos se apliquen constantemente, mientras dicha entidad implementa medidas adecuadas para proteger sus activos contra el fraude y la pérdida’; determinar si la entidad ‘cuenta con un equipo de trabajo capacitado que pueda establecer la dirección estratégica de dicha entidad, el cual no obstaculice la prestación de servicios públicos mientras la entidad responda con sus obligaciones financieras’; será el enlace con las casas acreditadoras, y tendrá que publicar sus determinaciones y recomendaciones.

Los que ocupen el cargo y trabajen en la oficina no pueden, al salir de la misma, ofrecer asesoría financiera directa o indirectamente por 12 meses a ninguna agencia o entidad que haya sido evaluada por la Oficina.

Vea también:

AGP concentra su poder económico en Melba Acosta

Orden Ejecutiva OE-2013-007_9234

P de la C 2202_9235