Sin la participación del público, con sólo dos semanas de trámite legislativo, y en votación partidista, las cámaras legislativas y el Gobernador le aprobaron al Tribunal Supremo unas nuevas tarifas que comienzan hoy martes y que casi duplican lo que los ciudadanos tienen que pagar para someter una demanda civil.

La nueva ley establece un arancel único que, a la usanza del Tribunal Federal, elimina los demás pagos que antes se disponían para distintos tipos de trámite dentro del caso. Antes, el costo de un pleito civil era $40 por radicación y $40 por otros tipos de moción que a veces se radicaban, y a veces no. Ahora el costo único es de $75 en salas superiores y $50 en municipales.

Además, la ley pone un peaje de $100 en las solicitudes de recursos extraordinarios que se hacen ante el Supremo. Bajo esta categoría se tramitan usualmente casos de violación de derechos constitucionales. La nueva ley preserva las mismas exenciones que existían antes para litigantes indigentes y para algunos procedimientos, pero añade un cargo de $5 para las revisiones de multas de tránsito, cuando antes este trámite no tenía costo.

Por diseño, los que más se benefician del nuevo sistema son aquellas partes que podían aguantar las exigencias económicas de un litigio y que ahora sólo pagan a la entrada en vez de en cada trámite. Los que más se perjudican, empero, son aquellos protagonistas de pleitos usualmente cortos que ahora 'pre-pagan' el litigio tan pronto radican la demanda.

"Este nuevo sistema sin duda beneficiará a las partes, sobre todo en aquellos casos que por su naturaleza exigen las comparecencias de éstas al tribunal en múltiples instancias", declaró unánimemente el Supremo en la resolución en la que establecen el sistema que cubre también revisión de los pagos a alguaciles para asuntos como notificaciones y diligenciamientos.

Aparte los $5 de las multas, los procedimientos ahora caen en una de las siguientes categorías de pago: $50, $65, $75, $85, $100. En el Tribunal Federal, el arancel único está en $350 para casos civiles y $455 para apelaciones. La revisión estuvo a cargo de un comité técnico cuya membresía no ha sido divulgada. En la Legislatura sólo se pidió ponencia a la Rama Judicial y al Departamento de Hacienda. No hubo vistas públicas.

La Oficina de Administración de los Tribunales publicó una tabla con los nuevos cargos.