Como una evidente muestra de que el gobierno de Luis Fortuño no tiene entre sus prioridades el desarrollo del cooperativismo, el Primer Ejecutivo envió a la Legislatura varios proyectos de administración que en su lugar pretenden menoscabar el capital del Movimiento Cooperativo Puertorriqueño (MCP) y su autonomía.

Los proyectos en cuestión son PS 2073, PC 3334, PC 3333 y el PS 2108.

'Son varios los proyectos, pero los que más tienen un impacto significativo porque trastocan de una manera extraordinaria el orden jurídico establecido y el sistema presupuestario de las agencias de gobierno, son el PS 3333 y el PC 3334, que son el mismo en el Senado y la Cámara', indicó en entrevista la asesora legal de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LCPR), Irma Torres Suárez.

Este proyecto pretende, nada más y nada menos, que desde este próximo año fiscal 2011 en adelante los fondos operacionales de la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDC) se carguen al Fondo de Seguro de Acciones y Depósitos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito (FSADC/AC) que a su vez administra la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, mejor conocida como COSSEC. El proyecto establece que el presupuesto para la citada agencia gubernamental del 2011 será de $2.6 millones y que para los años subsiguientes no puede ser menor al año anterior.

'El presupuesto del que estamos hablando no es de $2.6, sino de $3.4, que es lo que reclama la Comisión', reparó la licenciada Torres Suárez, dado a que ése fue el presupuesto que la CDC solicitó ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Mientras, el Gobernador, en el Proyecto de Presupuesto que envió a la Legislatura, no le asignó fondos a la CDC y en su lugar envió el proyecto descrito. En la actualidad la CDC tiene apenas 27 empleados de carrera, ya que de los 100 que llegó a tener el resto fue despedido mediante la Ley 7.

A juicio de la licenciada Torres Suárez, la pretensión de este proyecto en Derecho puro se mira como una incautación porque es dinero que aportan las cooperativas con un propósito y que el Estado arbitrariamente lo está sacando de ahí para propósitos distintos a los que se creó. 'Lo que sucede es que técnicamente es difícil decir que es una incautación porque no se considera propiedad privada, COSSEC es una corporación gubernamental y una vez las cooperativas pagan el seguro se consideran fondos públicos, aunque no hemos abandonado el fundamento. Se me parece más a un tipo de imposición contributiva arbitraria, es decir el gobierno quiere solventar una actividad gubernamental con un sector, están poniendo contribuciones a un sector sin hacer un análisis de si se está siendo equitativo con ese sector, igual que con el público en general como suelen ser las contribuciones, todo el mundo paga de conformidad con lo que tiene, eso no es lo que está sucediendo aquí es una imposición arbitraria'.

Según explicó la licenciada Torres Suárez todo el dinero que ingresa a COSSEC es del Fondo, la ley no exige que se separe el dinero del Fondo, lo único que la ley establece es para qué se puede utilizar el dinero y que sólo el presidente ejecutivo es quien puede autorizar el acceso al fondo. Una vez se asigna el presupuesto operacional de COSSEC, el resto del dinero se supone que es el capital del fondo. De acuerdo a la página de Internet de COSSEC, al cierre del año fiscal del 2010 los activos totales de la corporación ascendían a $192, 867,083, lo que representaba un incremento de $9,551,415 del total de activos al 30 de junio de 2009, el cual ascendió a $183,315,668.

'Este proyecto tendrá un impacto directo y significativo en el sector de ahorro y crédito y en todo el sistema. Así lo ha establecido en varias reuniones la persona que hizo un análisis actuarial. Se está insertando una responsabilidad fiscal de una agencia de gobierno y en la Corporación para la Supervisión y Seguro hay unos fondos destinados para la supervisión que pueden fluctuar entre $10 a $12 millones. Se puede estar hablando de $3.4 millones, lo que es una porción significativa, por lo que levantamos nuestra voz de cautela', declaró enfática Mildred Santiago, directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas.

Al denunciar la contradicción que representa el proyecto y advertir sobre el peligro que conlleva, destacó que es importante educar a la población de que 'jurídicamente COSSEC es una corporación pública. Puede que sea la única que se nutre de fondos totalmente privados, pero ahí el gobierno no pone un centavo'.

El pasado 17 de mayo, más de 200 líderes cooperativos sostuvieron una reunión en la que de manera unánime establecieron su oposición tanto al proyecto 3333 como al PS 2108. Sobre este último, el proyecto pretende eliminar los representantes de las cooperativas de las Juntas de los organismos gubernamentales. El MC consideró que la presentación de este proyecto es inoportuna, ante la discusión de los proyectos que tienen que ver con COSSEC.

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