El presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Rafael Feliciano, informó que la unión magisterial se ha acogido al capítulo 11 de la Ley de Quiebras, que le permite realizar una reorganización económica, como medida de protección ante la demanda y recurso de embargo de propiedades que en su contra presentó hoy en el tribunal la Asociación de Maestros.

El recurso sometido por la Asociación responde a un pleito iniciado en el 1999, luego de haber esta perdido las elecciones para representante exclusivo de los maestros, reclamando la devolución de las cuotas de aquellos educadores que no querían ser parte de la Federación y que eran descontadas automáticamente por el Departamento de Educación, según dispone la Ley 45.

De acuerdo con Feliciano, la Asociación pretende que el sindicato pague más de 4 millones de dólares 'cuando saben que ahora no estamos recibiendo las cuotas de los miembros de la organización, una medida que tomó el secretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez, y el gobernador Luis Fortuño dirigida a destruirnos y en represalia por el exitoso paro del 26 de agosto del año pasado'.

El líder sindical consideró que la Asociación se unió al 'ataque patronal inmisericorde' al presentar el recurso justo el día del primer aniversario de aquella manifestación masiva que se realizó al inicio del pasado año escolar frente a La Fortaleza.

Esto, dijo, como un intento de imponerse como representante exclusivo de los maestros, aún cuando el magisterio nunca le ha respaldado por encima de la Federación en unas elecciones sindicales.

'En el día de hoy si la Federación no hubiese tomado esta acción extraordinaria (acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras), la Asociación probablemente hubiese logrado que el tribunal embargara propiedades y recursos de los maestros federados que son imprescindibles para garantizar la defensa del magisterio'

'Esa reorganización nos va a permitir quitar ese estrangulamiento económico que tanto el gobierno de Luis Fortuño como la Asociación querían imponernos y nos permiten un plan razonable para cumplir con nuestros compromisos económicos dentro de un marco de razonabilidad', apuntó Feliciano.