El principal oficial legal de Popular Inc., Ignacio Álvarez, rechazo que el memorando de entendimiento al cual está sujeto el Banco Popular, revelado hoy por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), implique que la entidad este en algún tipo de sindicatura, en el significado técnico-legal que tiene dicho término en la industria bancaria.

Álvarez aceptó que el acuerdo, que surge por petición del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), implica que la institución financiera está bajo supervisión mayor por parte de los reguladores e injerencia directa en ciertas transacciones, pero indicó que no hay un síndico asignado, ni un control total de las operaciones, por lo que no se clasifica dentro de la categoría establecida como sindicatura en la banca.

'Estamos lejos de eso', aseguró.

Según publicó el CPI y reprodujo NotiCel, Banco Popular aceptó entregar a los reguladores federales y locales su capacidad de pagar dividendos a sus accionistas como una medida de intervención por problemas y deficiencias en el manejo de la documentación de los préstamos de propiedades lo que, según una fuente de la industria, es como una sindicatura.

El citado memorando implica, entre otras cosas, que el banco tiene que obtener la aprobación de la Reserva Federal y de la OCIF antes de declarar o pagar dividendos, o de incurrir, aumentar, o garantizar deuda, según divulgó la propia institución en su radicación del 25 de julio.

Lee la historia que dio paso a esta reacción en el siguiente enlace:

Banco Popular bajo la lupa de los reguladores

Banco Popular bajo la lupa de los reguladores