Todas las compañías de seguro de Puerto Rico enfrentan una demanda de clase bajo la ley federal de crimen organizado por presuntamente conspirar para defraudar a los conductores boricuas al cobrar, retener y repartirse ganancias indebidas de $406.6 millones en porciones del seguro compulsorio que debieron de haber sido reembolsadas a los pagadores. El pleito reclama una compensación de $1,219.8 millones para los 2.4 millones de conductores en el país, y un cese y desista de la práctica.

Así lo establece el documento de demanda de 82 páginas radicado el pasado 11 de agosto en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por el bufete Quetglas a nombre de Noemí Torres Ronda y Ángelo Rivera Lamboy, los representantes de las dos clases afectadas que son los conductores regulares y los comerciales.

Entre los demandados figuran todas las compañías de seguro que por ley forman parte y dirigen la Asociación de Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Obligatoria, el secretario de Hacienda, Jesús Méndez, el secretario de Transportación y Obras Públicas, el comisionado de seguros, Ramón Cruz, y el ex comisionado Juan García, quien en 1998 estableció el mecanismo del seguro compulsorio. El reclamo de cobros indebidos corresponde a los 12 años transcurridos desde la implementación de la medida.

Según sostiene el pleito, originalmente la ley estaba dirigida a lidiar con las cuantiosas pérdidas producidas por los accidentes automovilísticos de personas sin seguro y a proveer un seguro a los conductores considerados como de alto riesgo por la industria que no pueden conseguir una prima asequible en el mercado privado.

Sin embargo, los representantes de las aseguradoras en contubernio y con el aval de García elaboraron un esquema en el cual el seguro compulsorio se convirtió en la primera alternativa de seguro para toda la población y en un requisito mandatorio para poder obtener el marbete, permiso anual del Departamento de Transportación y Obras Públicas para poder conducir en la Isla.

Dicho seguro, que implica un pago anual de $99 para los conductores regulares y de $148 para los comerciales, tiene que ser pagado aún por aquellos que tienen un seguro privado y, aunque la ley establece que en éstos casos los dineros deben de ser devueltos en un periodo de 90 días, esto no ocurre, sostiene la demanda. Todos estos dineros son exentos de contribuciones.

Más aún, las primas incluyen unas partidas de 4% por gastos administrativos y 8% por alegado uso de corredores de seguros que en realidad no son incurridas y que a sabiendas los titulares de las empresas retienen y se reparten luego en dividendos a través de la Asociación.

El pleito sostiene que entre 1998 y 2010 la Asociación cobró un total de $406.6 millones a los conductores por concepto de estas partidas que no reembolsaron y a la vez se repartieron entre ellas, con el aval del Comisionado, $102 millones en dividendos.

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