Los controles de calidad en la auditoría de fondos WIA para adultos y ARRA no cumplieron los estándares federales, tanto en el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos como en la firma de contadores externos que los auditó, de acuerdo a un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

‘La mala interpretación sobre el uso de fondos ARRA es significativa dado que el foco en la transparencia y en la necesidad de usar los fondos ayudan a estimular la recuperación de la economía’, sentenció la dependencia federal.

Los señalamientos y deficiencias, por omisiones y contradicciones en la auditoría, suman cientos de millones de dólares. La auditoría corresponde al periodo fiscal que terminó el 30 de junio de 2009, según el informe número 18-10-008-03-390, emitido el 29 de septiembre de 2010.

Entre los señalamientos de la Oficina del Inspector General se destaca que encontraron en los informes financieros ‘inconsistencias e información incorrecta que la firma (de auditores externos) no identificó ni reportó’ y que llevó a que se hicieran conclusiones equivocadas sobre las finanzas de los programas federales.

La firma, CPA Díaz-Martínez, PSC, del experimentado contador público autorizado y profesor José E. Díaz-Martínez, con sede en Caguas, refutó la aseveración con argumentos técnico-legales, según consta en el mismo informe, aunque sobre varios apartados indicó que se dejó llevar por información que le proveyeron los auditores internos del Consejo.

‘La firma no proveyó una explicación del porqué las notas incluían información contradictoria y omitía información requerida’, indica el documento oficial.

En cuanto la dependencia gubernamental, apunta que debido a la aplicación incorrecta de los principios generalmente aceptables de contabilidad (GAAP en inglés), ‘el Consejo se equivocó en las cuentas por cobrar, ingresos, cantidades a pagar a los beneficiarios secundarios y gastos de otros beneficiarios por alrededor de $193 millones, $90 millones, $126 millones y $67 millones, respectivamente, en sus estados financieros para el año que terminó el 30 de junio de 2009’.

Los auditores externos fallaron en no destacar apropiadamente su opinión en los estados financieros debido a dichos errores, ni tampoco incluyeron los errores en los hallazgos de auditoría en el ‘Informe de Control Interno y Cumplimiento’ ni en la relación de descubrimientos y costos cuestionados.

‘El Consejo informó mal todas las asignaciones otorgadas – incluyendo asignaciones ARRA – que estarían disponibles para retiros por los próximos 12 a 36 meses en cuentas por cobrar e ingresos para fin de año. Por ende, quien lea el informe de auditoría podría concluir que los $88 millones en fondos ARRA otorgados durante el año se necesitarían para pagar pasivos corrientes de ARRA al 30 de junio de 2009’, y ese no era el caso, según explica el informe.

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