Todos los clientes de la casa de corretaje UBS entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de mayo de 2012 podrían quedar constituidos en una clase de demandantes si prospera un pleito recién radicado que busca el resarcimiento de daños por el supuesto fraude que perpetró la oficina de UBS en Puerto Rico.

La acción es el primer pleito que se radica en el Tribunal Federal de Puerto Rico como resultado de la investigación que la Comisión de Intercambio y Valores (SEC) divulgó el 1 de mayo pasado sobre el esquema mediante el cual la alta gerencia de UBS en la isla primero creó un mercado artificial, en el cual cientos de clientes invirtieron millones de dólares, y luego salió corriendo dejando a los clientes con las pérdidas.

La demanda sometida por abogados de Puerto Rico, Nueva York y Connecticut, utiliza de base la querella del SEC contra UBS, la cual la empresa transigió mediante pago de $26.6 millones. También estámn demandados Miguel A. Ferrer y Carlos Ortiz, los directivos de UBS a los que la SEC les imputó, por separado, haber ejecutado el plan para defraudar a los clientes.

Los demandantes, que piden que se les certifique como representantes de todos los clientes de UBS en el período mencionado, alegan que UBS y sus ejecutivos violentaron las leyes federales y de Puerto Rico que regulan las inversiones, cometieron engaño, invitaciones fraudulentas, y actuaciones de mala fe.

El documento pendiente ante el juez Francisco A. Besosa no totaliza los daños reclamados, pero éstos incluyen la devolución de todo el dinero que los clientes le pagaron a UBS.

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