Dos representantes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York dijeron ayer que el Congreso de los Estados Unidos debe como mínimo conceder exenciones temporeras o parciales de ley federal de cabotaje que cobija el transporte marítimo entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

Según el Vicepresidente Auxiliar del Banco, James Orr, así como el Analista de Relaciones Regionales y Comunitarias, Javier Silva, la implementación de esas exenciones parciales podría ser la única manera de saber si los altos costos de productos vendidos localmente están relacionados directamente con las leyes de cabotaje.

Las expresiones de ambos se dieron como parte de un foro auspiciado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico y que se celebró en las oficinas centrales de dicha organización profesional con base en Hato Rey.

Durante el foro, se discutieron varios de los temas que se presentan en el recién publicado ‘Informe sobre la competitividad de la economía de Puerto Rico’ preparado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El informe le dedica una sección al análisis de los posibles efectos que las leyes de cabotaje – oficialmente conocidas como la Ley de Marina Mercante (Ley Jones) de 1920 – tienen sobre la economía y competitividad de Puerto Rico.

La ley Jones de 1920 obliga que todas las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses – incluyendo Puerto Rico – utilicen barcos de la marina mercante de los Estados Unidos, aún cuando este sistema de transporte comercial es identificado como el más caro del mundo.

Aunque no se establecen relaciones de causalidad entre el régimen mercantil establecido por esa ley federal y sus efectos en Puerto Rico, el informe del Banco plantea que la mayoría de los analistas ‘coincide en que el efecto neto es negativo – en gran parte debido a que la ley aumenta el costo de las mercancías importadas para los residentes de la Isla, pero también porque hace que las exportaciones sean menos competitivas y disminuye la viabilidad de la Isla como uno de los principales puertos de trasbordo regionales’.

Ante este panorama, tanto Orr, como Silva sugirieron exenciones de esta ley para la isla.

‘Soy de los que cree que debe haber una exención de cinco años de la Ley Jones para ver si en efecto, el costo de los productos disminuirá bajo este escenario’, dijo Orr ante miembros del CCPA que asistieron al foro del miércoles.

Por su parte, Silva lamentó que tantos años de cabildeo a favor de eximir a la isla de las leyes de cabotaje no hayan sido suficientes para convencer a la mayoría de los miembros del Congreso de los Estados Unidos.

‘Ser eximidos de estas leyes siempre ha sido difícil porque hay un interés político de los sindicatos relacionados a los muelles y al transporte marítimo. Sin duda, es un juego duro’, expresó Silva.

‘Pienso que lograr una exención de por lo menos los materiales no procesados sería un gran adelanto. Hemos discutido esta posibilidad por años y no hemos obtenido los resultados que esperamos’, añadió Silva.

Además de las limitaciones económicas presentadas por las leyes de cabotaje, el informe del Banco también identifica a la pobre infraestructura de transportación terrestre en la isla como responsable por el estancamiento y falta de competitividad comercial de Puerto Rico frente a otras economías emergentes.