Ante el anuncio de la secretaria de Hacienda el viernes de que se enmendará el arbitrio a las corporaciones foráneas para regresar la Ley 154 a la tasa de 4 por ciento por cinco años más, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) indicó que el gobierno ha actuado prematuramente contrario a las recomendaciones del sector privado y expresó que la Asociación defenderá la posición de la industria y los empleos de competitividad y valor que esta genera ante todos los foros.

‘El sector privado lleva reuniéndose con el gobierno por el último mes tratando de establecer un plan de acción que pudiera atender el problema fiscal sin afectar el desarrollo económico de Puerto Rico. En dichas reuniones recomendó que se estableciera un comité especial entre el gobierno y el sector privado que ofreciera soluciones concretas al problema fiscal del país. A la misma vez, propuso establecer un memorando de entendimiento entre el gobierno y el sector privado para presentar a las casas acreditadoras en las reuniones que se llevarán a cabo en el mes de febrero. Sin embargo, no hubo tiempo para lograr consenso entre las partes ya que cada sector se afecta de forma diferente por el aumento en la tasa contributiva’, lee el comunicado de prensa emitido por la organización.

‘Lamentablemente el gobierno ha tomado una decisión unilateral que afecta la posición competitiva de las empresas establecidas en Puerto Rico y la posibilidad de atracción de nueva inversión’,añade.

Igualmente, la Asociación indicó que le presentó al gobernador Alejandro García Padilla una serie de recomendaciones que enfatizan en que el gobierno establezca medidas agresivas y medibles de reducción de costos operacionales en todas las agencias gubernamentales y el enfocar los recursos de Hacienda en reducir significativamente la evasión contributiva antes de considerar un aumento adicional en contribuciones y que la parte que le corresponda al sector privado sea una parte equitativa.

‘Nuestros socios han reclamado que los costos operacionales de hacer negocios en Puerto Rico son mucho más altos que en otras jurisdicciones. Cualquier cambio incremental en contribuciones afecta la credibilidad de Puerto Rico para atraer inversiones y por ende la creación de empleos de valor’, continúa el comunicado.

‘Solicitamos que distinto a la ocasión anterior, el proceso legislativo provea vistas públicas para que se beneficie del insumo de la industria. Agradecemos la oportunidad de contribuir a este proceso, reconociendo el problema fiscal crítico del país, concluyó la presidenta de los Industriales’, culmina.