El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, reprobó el miercoles la propuesta eliminación de las exenciones del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) por las transacciones entre negocios, ya que alegan que esto inflaría los costos de los bienes y servicios que se generan en Puerto Rico.

En un comunicado, el presidente del Colegio, el CPA Kenneth Rivera Robles, puntualizó que ‘en general, la eliminación de la exención para los servicios designados y los servicios de negocio a negocio (los llamados ‘B2B’) puede causar un aumento principalmente en los costos operacionales, ya que la mayoría de las exenciones no tienen impacto directo en los consumidores. Si la imposición ocurre temprano en la cadena de las transacciones, dicho impuesto puede tener un efecto inflacionario devastador. Si se impone contribución a los insumos, esto va a tener el efecto de encarecer los bienes y servicios que son vendidos en la Isla’.

De acuerdo a Rivera Robles, la intención del IVU nunca fue imponer el impuesto a los intermediarios de la cadena de distribución.

‘Tal imposición a los niveles intermedios, tendría un efecto cascada al aumentar los costos operacionales y/o los costos directos de los negocios de Puerto Rico’, sentenció.

La secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, había rechazado la pasada semana a NotiCel que esto provoque que los consumidores carguen con estos costos, y apuntó que de todos modos los negocios tendrán beneficios, pues pueden hacer las deducciones en sus planillas.

Sin embargo, Rivera Robles, determinó que ‘reconocemos que el establecer estas disposiciones de crédito, aunque se ameritan, podrían complicar más el sistema, incluyendo la fiscalización. Es por ello que sugerimos se mantenga la exención de B2B que ya es conocida por los contribuyentes’.

Colegio y Asociación de Aogados alertan

También el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados se mostraron en alerta por las repercusiones que puedan tener la eliminación de la exención del IVU por los servicios legales, como establece el P. del S. 507.

De un lado, Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Colegio, indicó de ‘hay preocupación de que los mismos puedan afectar los servicios que prestamos las abogadas y los abogados y que también puedan presentar un problema de acceso a la justicia para aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes brindamos servicios’.

Por esto, Rivera Lassén señaló que están atentos a los proyectos legislativos, y que en coordinación con su Comisión de Derecho Contributivo, iban a presentar próximamente una postura oficial sobre los cambios en el IVU.

A su vez, Héctor Ramos, presidente de la Asociación, coincidió que estos cambios en las exclusiones del IVU pueden tener su efecto en el acceso de los servicios legales por parte de las personas con escasos recursos económicos.

‘La razón para excluir del IVU los servicios profesionales, es mantener los costos de estos servicios al alcance de nuestros ciudadanos. La propuesta pretende convertir a los abogados y otros profesionales en agentes cobradores del Departamento de Hacienda y subirá los costos de

estos servicios. No nos parece correcto y apropiado que un abogado, un contador o un ingeniero cobren el IVU a sus clientes’, puntualizó Ramos.

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