Cuando se discutió en vistas públicas el Proyecto de la Cámara 1073, que dio margen a la ley de redistribución y ajustes de la carga contributiva (Ley 40, 2013), la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) se opuso argumentando que el mismo iba a tener un impacto detrimental que tendría en las operaciones de las empresas establecidas en Puerto Rico y en el consumidor, indicó el martes, su director ejecutivo Jaime L. García.

Las disposiciones de la Determinación Administrativa 13-16 sobre extensión del IVU a transacciones bancarias constituyen un impacto adicional al comercio en Puerto Rico que muy bien puede resultar en un elemento adicional que fuerce el cierre de un negocio, despidos de personal, entre otras formas de reducir gastos para mantenerse operando, argumentó.

‘Si queremos fomentar la eliminación de la economía subterránea, esta NO es una manera de lograrlo. Por el contrario, esto fomenta el que los negocios decidan moverse a operar con efectivo y evitar las transacciones bancarias, creando a su vez un impacto negativo en la banca’, dijo.

‘En las jurisdicciones como Brasil donde se han impuesto cargos a las transacciones bancarias, se ha hecho con el propósito de salir del déficit gubernamental pero lo han hecho como única medida y no imponiéndola sobre múltiples otros impuestos como ha sido en Puerto Rico a través de la Ley 40. Si se van a llevar a cabo todos estos cargos bancarios se debe considerar eliminar las medidas impositivas de la Ley 40 como la patente nacional y el incremento en la contribución alternativa mínima’, indicó el representante de los Industriales.