Ya está camino a La Fortaleza para la firma del Gobernador el controvertible proyecto de ley que le quita a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones la jurisdicción exclusiva y primaria para atender pleitos de clases contra compañías de telecomunicaciones y elimina el tope $5 millones de dólares en daños.

El P. del S. 462 estuvo en la palestra pública hace unos meses cuando la minoría cameral acusó al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, de querer beneficiar retroactivamente con la medida a los abogados José Andreu García, quien fuera presidente del Tribunal Supremo bajo el PPD, y su hijo y exmiembro del Comité de Transición del gobernador Alejandro García Padilla, José Andreu Fuentes.

Actualmente, los abogados Andreu llevan un pleito de clase en el que representan a más de un millón de abonados de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) en el caso por los cargos ilegales en el servicio de Tele-tecla.

Según denunció la portavoz de la minoría cameral, Jennifer González, en junio, Bhatia se había personado a la cámara durante la discusión de la medida y le increpó al representante Javier Aponte Dalmau que quisiera enmendar el proyecto para que los honorarios de abogado tuvieran un tope de 15% ya que actualmente ese tope podría llegar a un 25%. González dijo que Bhatia quería eliminar el tope para beneficiar a los Andreu quienes son donantes de su campaña.

Andreu Fuentes reiteró a NotiCel que el argumento de González de un ‘pay for play’ para beneficiar a abogados populares se cae porque entre los abogados que estuvo trabajando el caso hasta su muerte está el fenecido juez asociado Efraín Rivera, quien era estadista, y ‘estaba muy preocupado por la situación’. ‘Hemos tenido que continuar trabajando sin él’, apuntó.

El pleito lo inició el abogado Harold Vicente quien trajo a los Andreu y estos, a su vez, a Rivera.

En el 2005, por el cabildeo que hizo Claro a la Legislatura, se creó una ley que transfirió los pleitos de clase contra las compañías de telecomunicaciones que estaban en los tribunales a la Junta Reguladora de Telecomunicaciones que dirige Sandra Torres, quien presuntamente laboró en Claro, compañía que tiene las demandas contra la PRTC. Además, se limitó el tope de daños a $5 millones. Con el 462, se volvería al estado de derecho anterior, pero la Junta conserva jurisdicción para intervenir en los pleitos cuando se necesite su peritaje. Torres favoreció la medida cuando la misma estuvo en vistas públicas.

‘Se está tergiversando esto para beneficiar a las compañías. Esta (propuesta) ley no tiene nada que ver con los abogados, ni con nosotros. Esto beneficia a los consumidores porque no tienen el tope de $5 millones ante un fraude. Los daños, la penalidad y los honorarios los pagan las compañías’, dijo Andreu Fuentes a este diario digital.

De otra parte, Aponte Dalmau negó a NotiCel que estuviera inconforme con la versión final de la medida. Aunque no se puso el tope de 15% a los honorarios de abogados, la medida establece que el Tribunal impondrá una ‘cantidad razonable’ en honorarios.’ Los daños que tendrán que pagar las compañías por concepto de daños serán los que se haya determinado.

Aponte Dalmau dijo que en los últimos dos pleitos de clase adjudicados en los tribunales, los jueces han otorgado honorarios que no sobrepasan el 15% de la indemnización.

El 462 establece que a partir de su vigencia los pleitos de clase que estén pendientes ante la Junta pasarían al Tribunal de Primera Instancia.