La Autoridad de los Puertos defendió el aumento de 8% del canon de arrendamiento que quiere establecer para los concesionarios de los aeropuertos regionales a base de la tasación de los hangares y otras propiedades.

En una concurrida vista pública dirigida por el oficial examinador, Guillermo San Antonio, la mayoría de los pilotos privados se opusieron al aumento propuesto y denunciaron que no han tenido acceso a los informes de las tasaciones de las propiedades del aeropuerto de Isla Grande, documento que tiene entre 60 y 70 páginas. El examinador dijo que la vista es ‘informal’ y ‘cuasi legislativa’.

Por ello, la vista se tornó en informativa porque los asistentes a la audiencia no han tenido acceso a las supuestas consultas que la Autoridad de los Puertos presuntamente ha tenido con la FAA ni tampoco ha tenido acceso a otros documentos del expediente en poder de la corporación pública.

El licenciado Emil Rodríguez, SJ Jet, recomendó al oficial examinador que descarte la vista debido precisamente a que los asistentes no han tenido acceso a ninguno de los expedientes considerados por la Autoridad de los Puertos para establecer el nuevo canon de arrendamiento.

‘No podemos cuasi legislar porque aquí no ha habido un proceso administrativo uniforme. Que se utilice esto para que se prepare un expediente’, denunció Rodríguez.

Empero, Rolando Padua, gerente general del Negociado de Aviación, afirmó que el aumento propuesto es una recomendación que le hizo a la AP la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

‘No nos dijeron aumenten los ‘landing fees’, el ‘fuel fee’. La recomendación que nos hacen es esta, hacer una tasación y aplicarla’, destacó a preguntas de uno de los deponentes.

‘Esto no es una imposición especial que se ha hecho luego de la transacción (de venta del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín). Esto es un recordatorio (de la FAA) a que la Autoridad de los Puertos lo ha estado haciendo mal porque no ha cobrado a los concesionarios los valores reales (a las propiedades)’, reiteró Padua.

De acuerdo con Padua, la reglamentación de federal dispone que ‘se considera justo y razonable’ entre un 5% y 12% en el canon de arrendamiento de acuerdo ‘al valor de tasación’.

En medio de la vista, el oficial examinador reconoció que los asistentes no han tenido acceso a los documentos de las tasaciones, pero aseguró que tendrán la oportunidad de hacerlo para que puedan hacer recomendaciones informadas.

‘Este es el inicio de un proceso para el borrador preliminar para luego tener un informe final. El proceso continúa y sobre el tema si han tenido o no acceso al documento, está anotada la objeción’, dijo el oficial examinador.

Orlando Montañez, expresidente de Air Club, denunció que en el 2006 los concesionarios del aeropuerto de Isla Grande se les hizo un aumento y ‘no se tocó’ a los demás aeropuertos regionales, principalmente el de Aguadilla.

‘Estamos siendo discriminados cuando Aguadilla lleva 10 años o más pagando el mismo canon y ahora quieren tocarnos a nosotros sin tocarlos a ellos’, denunció Montañez.

La licenciada Ingrid Colberg Toro, asesora legal de la Autoridad de los Puertos, rechazó el señalamiento de discrimen porque todos los aeropuertos regionales están siendo evaluados para el aumento.

‘Aguadilla también está pasando por un proceso de revisión de tarifas. Estamos en procesos simultáneos, la vista pública es el 5 de diciembre aquí mismo’, destacó Colberg Toro.

La asesora legal reveló, además, que de las 37 estructuras que hay en el aeropuerto de Isla Grande, solamente seis están vigentes y el resto está en proceso de renovación y en búsqueda de que otros lleguen a acuerdos contractuales con la Autoridad de los Puertos. De acuerdo con la funcionaria, cuando el contrato finaliza las propiedades construidas pasan a ser parte de la Autoridad de los Puertos.

El licenciado Eduardo Ferrer no descartó acudir a los tribunales para que se paralice el proceso de vistas públicas, toda vez que la Autoridad no ha cumplido con la ley de procedimiento administrativo uniforme.

En tanto, Bruno Rodríguez, piloto privado, cuestionó que por qué no se invitaron representantes de la Compañía de Turismo y del Municipio de San Juan, entidades de gobierno que se verían impactadas con cualquier decisión que se tome en el proceso.