El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se expresó complacido con la aprobación de un proyecto congresional que requeriría a la Contraloría General de Estados Unidos (GAO, en ingles) evaluar si el estimado anual de ingresos y gastos del gobierno de Puerto Rico es razonable.

El informe, que estaría a cargo del organismo investigativo del Congreso, también incluirá recomendaciones para mejorar el proceso que se utiliza para realizar esos estimados.

La disposición está contenida en el proyecto de Ley General para los Territorios, S. 1237, atendida por el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal. Pierluisi testificó a favor de la medida durante una vista pública ante este comité, destacando el impacto positivo para Puerto Rico.

Según Pierluisi, la disposición, que pretende atender un asunto de administración fiscal tanto de Puerto Rico como de los demás territorios, fue aprobada aún con la objeción del gobernador Alejandro García Padilla.

‘Esta disposición ayudará a atender un problema que hemos visto en Puerto Rico y los otros territorios, que es la tendencia de los gobiernos locales de sobreestimar la cantidad de ingresos que serán recaudados y de subestimar la cantidad de gastos gubernamentales que incurrirán en el año fiscal entrante’, dijo Pierluisi.

Entre los años fiscales 2006 y 2008, el gobierno de Puerto Rico sobreestimó recaudos por 1.1 mil millones de dólares, 822 millones, y 718 millones respectivamente. Entre los años fiscales 2009 y 2012 el gobierno desistió de esta práctica y los recaudos excedieron las proyecciones por una pequeña cantidad cada año.

‘Desafortunadamente, varios economistas y agencias de crédito han expresado preocupaciones de que el gobierno actual esté regresando a estas malas costumbres’, aseguró Pierluisi.

Explicó que cuando un gobierno hace proyecciones incorrectas en su presupuesto causa un efecto dominó que resulta en déficits presupuestarios más grandes, endeudamiento excesivo, degradaciones de crédito, pagos de intereses más altos, y una reducción en la habilidad de pagar pensiones e invertir en las áreas de educación, infraestructura, seguridad pública y otras prioridades.

El proyecto de ley aprobado contiene otras disposiciones beneficiosas para Puerto Rico, por las que el comisionado residente ha estado trabajando. Entre ellas, se aprobó una que busca requerir que la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca prepare y publique una Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera del Caribe. La misma estaría diseñada para mejorar la respuesta federal al narcotráfico y la violencia que causa en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes.

Además, se incluyó una disposición diseñada para reducir el costo de la luz en los territorios. Esta requiere que el secretario del Departamento del Interior establezca un equipo de asesores para asuntos técnicos, de política pública y financieros, que desarrollen un plan de acción que atienda las necesidades energéticas de cada territorio individualmente.