Las instituciones financieras suelen radicar informes de progreso económico o se pronuncian sobre situaciones particulares de nuestra economía. En una movida poco usual, el Banco Popular publicó un informe de progreso económico basado en el que prepara el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en el cual destacó los altos salarios de las agencias públicas, con especial enfasis en la Autoridad de Energía Electrica (AEE).
Basado en un censo a partir de los datos del registro anual de puestos por demografía de 2012 a 2013, la publicación de Banco Popular destacó que aun con la reorganización de agencias debido a las contínuas presiones fiscales que enfrenta el gobierno, hay agencias en las que el rango de salario promedio superan a otras agencias estatales, casi alcanzando las cifras de los sueldos a nivel federal.
Sin embargo, aceptan que hay a empleados cuya especialización técnica es necesaria en los gastos de nómina. Algunos salarios en corporaciones públicas superan las de otros empleados del gobierno y municipios. Destacaron en especial que 60% de los empleados de AEE ganan entre $18 a $21 por hora, ‘potencialmente, un reflejo del proceso de negociación colectiva’.
No obstante, en la tabla sobre pago promedio anual, las gráficas parecieran indicar datos en el campo de la generación y suplido de energía solo hasta 2010, aunque siempre sobre los promedios del nivel estatal, y debajo del nivel federal. Para mayores escalas de sueldos, la corporación pública tiene relativamente más empleados que otras entidades públicas, ‘lo cual es consistente con un salario medio anual más alto entre los empleados de la AEE’, reza el escrito.
Por último, la publicación describe como ‘fundamental evaluar las finanzas del gobierno para equiparar los salarios de los empleados con el nivel de productividad de éstos y las ganancias que estas empresas generan’.
Recientemente, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que representa empleados de la AEE, Ángel Figueroa Jaramillo, condenó el controvertible proyecto que permite a las corporaciones públicas reestructurar su deuda porque, ‘es la destrucción total de los derechos de los convenios. Esta nueva ley, cuando se firme, es el jaque mate. Lo poco que quedó en la (Ley) 66, aquí te lo liquidan si la corporación se va a quiebra. Lo poco que queda con la Ley 66, aquí te lo destruye’.
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