La partida de tres millones de dólares que anunció el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, para asistir a los menores centroamericanos que cruzaron la frontera de manera ilegal en los últimos meses provendrá de fondos disponibles por la Asamblea estatal, según se precisó este viernes.

La medida dada a conocer el jueves por la oficina del gobernador Brown, y que se espera sea aprobada dado que los demócratas son mayoría en ambas cámaras estatales, tiene como fin ofrecer asistencia legal a los menores no acompañados que han ingresado a EE.UU. de manera masiva en los últimos meses.

Según explicó hoy en un comunicado la oficina del presidente del Senado californiano, el demócrata Kevin de León, la partida provendrá de fondos disponibles por la Asamblea y forma parte de una adición en el presupuesto que tendrá vigencia inmediata.

La iniciativa, que da respuesta a los reclamos de diversas organizaciones sociales de defensa de los inmigrantes, mereció una opinión negativa de parte de algunos congresistas republicanos, entre ellos Don Wagner, que la calificó como ‘un uso inapropiado y sin precedentes del dinero de los contribuyentes’.

La senadora republicana de Lake Elsinore, Melissa Meléndez, se preguntó si la medida solucionará la problemática de los jóvenes indocumentados, o simplemente atraerá más gente a California, ‘creando aún más cargas para los contribuyentes’.

Por su parte, organizaciones establecidas en California que prestan servicios de ayuda a inmigrantes saludaron la propuesta, porque permitirá prestar ayuda legal a los menores que se hallan en procesos de deportación ‘muy largos’ y ‘costosos’, según señaló a Efe Teresa Borden, portavoz del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

Una opinión semejante manifestó Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, por su sigla en inglés), quien destacó que el monto de 3 millones de dólares ayudará a un ‘gran número de familias que necesitan esta representación legal’ para evitar una deportación ‘inmediata’.

Las organizaciones destacaron que la iniciativa clarifique también la jurisdicción y las competencias de las cortes estatales para definir algunos aspectos durante los procesos legales de los menores indocumentados.

‘La nueva iniciativa clarifica que estas cortes pueden actuar, en el sentido de que pueden determinar la situación familiar de estos niños, para que su caso de inmigración avance’, precisó Borden, quien afirmó que con la medida las cortes estatales podrán pronunciarse en los casos de menores que hayan sido víctimas de abuso o abandono.

La activista enfatizó que esta precisión acaba ‘con un cuello de botella jurídico que se había presentado, pues las cortes estatales alegaban que se trataba de procesos de inmigración en los que ellas no tenían jurisdicción’.

Para el representante de CHIRLA, organización que no se beneficiará de los nuevos fondos dado que su labor consiste en localizar y poner en contacto a los menores con sus familiares, ‘California está, una vez más, mostrando su liderazgo en lo que es una situación sería que necesita intervención y no solo palabras’.

La portavoz de CARECEN manifestó que si su organización logra obtener una ayuda financiera que le permita contratar un abogado a tiempo completo podrían atender hasta 100 casos a lo largo de un año.

No obstante, Borden advirtió que la mayoría de estos casos demoran hasta tres años, por lo que ‘necesitaríamos que se nos garantice la ayuda durante más de un año’.

Según datos oficiales, entre octubre del año pasado y junio de este año, más de 63.000 menores no acompañados han sido detenidos en la frontera sur del país, en su mayoría provenientes de países centroamericanos, un éxodo que ha propiciado una crisis humanitaria.

Detenidos principalmente en Texas, las autoridades de ese estado se vieron desbordadas y trasladaron a miles de menores a diferentes albergues para menores en el país.

Las autoridades estatales estiman que más de 3,000 menores han sido trasladados a California en los últimos meses.