El pastor Ricardo Rosado, de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (FRAPE), declaró el viernes, en una vista pública en el Senado que ‘el ajuste por combustible de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) es una cosa diabólica’. Aunque el comentario se hizo de manera jocosa, dramatizó el problema de dicho ajuste por combustible, de difícil explicación para el ciudadano común.

Los comentarios se realizaron en una vista pública de la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado, que recibió las ponencias de varias organizaciones religiosas con relación a la Resolución del Senado 858, que investiga los subsidios que se otorgan a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).

FRAPE advirtió que lo servicios que brindan a la ciudadanía se verían afectados si el Gobierno elimina los beneficios que tienen algunas iglesias de pagar la factura de la electricidad bajo la tarifa residencial en vez de comercial, además, de obtener un crédito de 50% por realizar actividades sociales.

Sin embargo, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico no tuvo reparos a que se hagan cambios si representa un bien común y no ‘aumente el desasosiego social y comunitario’. De igual forma se comparó a una ‘gota de agua’ el impacto de dicha tarifa residencial para las iglesias.

En el último día de las vistas que realizada el Senado para evaluar el impacto que tiene para la Autoridad de Energía Eléctrica los distintos subsidios y la morosidad de las dependencias gubernamentales, el pastor Ricky Rosado dijo que de las más de 3,000 iglesias que son representadas por la FRAPE, no llega ni al 20% las que tienen la tarifa residencial, porque entre otras cosas ‘hay pastores que no están educados’ sobre los mecanismos para solicitarlo.

Mientras, el obispo Felipe Lozada, vicepresidente del Concilio, estimó que entre el 30% al 40% de las iglesias que representan están recibiendo los beneficios de la tarifa residencial, por las trabas para obtenerlos.

El Reglamento 7066 dispone que para poder obtener dicha tarifa las iglesias tienen que presentar una declaración jurada donde estipulen que es una organización de bienestar social.

También estipula que en la estructura para la que se solicita el crédito de 50% por realizar actividades sociales, no debe ubicar el templo de la iglesia, una escuela, una televisora o radioemisora.

De acuerdo a la Resolución del Senado 858, para el año Fiscal 2012-2013 la cconcesión de tarifa residencial a iglesias y organizaciones de bienestar social y el crédito de 50% por la realización de actividades sociales representaron un costo de $4,701,880.

Sin embargo, Rosado resalta que la concesión de la tarifa residencial a las iglesias apenas representa el 1% del costo total de los subsidios otorgados a clientes de la AEE que ascienden a casi $82 millones. De hecho, Rosado destaca que las iglesias que se atrasen en el pago de la luz pierden el beneficio de la tarifa residencial y le cortan el servicio.

Asimismo, Lozada catalogó como una ‘gota de agua’ el impacto de dicha tarifa residencial para las iglesias.

Ante esto, el senador Ramón Luis Nieves, presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado, adelantó que estudiaría que se le de una tarifa especial a las iglesias, aunque no sea la misma que pagan los clientes residenciales, algo con lo que se ha mostrado abierto el Concilio.

No obstante, Rosado fue enfático que si se elimina la tarifa especial a las iglesias, esto tendría un impacto en los servicios que brindan que muchas veces el Gobierno no puede ofrecer.