Actualmente, solo dos empresas gozan de tarifas especiales para el servicio de electricidad, y otras seis intentan negociar la extensión de las mismas, según detalló el director de la Oficina de Asuntos Contributivos y Legislativos de la Compañía de Fomento Industrial, licenciado Edgardo Arroyo. Sin embargo, entre las dos empresas que gozan del beneficio, no fue posible precisar cuánto representan al erario público las exenciones.

No obstante, el funcionario señaló que en el año fiscal 2012- 2013 las tarifas especiales representaron una carga de casi $11 millones para el Gobierno.

En vista pública de la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado, que investiga los subsidios que se otorgan a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), Arroyo Ortiz, detalló que solo Amgen y CooperVision, gozan de las tarifas especiales de Incentivos a las Industrias que se rigen por el Reglamento 7954. Estas tarifas tienen como fin promover el desarrollo del sector industrial y crear empleos. Otras seis empresas tratan de negociar extensiones para los beneficios de la tarifa especial, entre ellas Abbott, Microsoft y Eaton.

En cuanto a la Ley 73 de subsidios, representó un impacto de $1.5 millones para la AEE en el pasado año fiscal, debido a los créditos contributivos para reducir el costo de electricidad. Un 84% lo cubrió el Fondo General.

De acuerdo a Arroyo Ortiz, ‘el crédito comienza en 3% y podía llegar hasta 10%, dependiendo del número de empleados y de la nómina que tenga el negocio exento. A partir del año fiscal 2013, el crédito máximo de 10% se reduce a razón de 1% anual hasta llegar a 5% en el año 2017’.

Asimismo, detalló que entre el 2009 a 2013 el Departamento de Hacienda certificó que el crédito contributivo de 50% por inversiones elegibles en actividades de investigación y desarrollo para reducir el costo de la electricidad de algunas empresas totalizó $98.9 millones.

Tanto, el director ejecutivo de la Asociación de Industriales, Jaime García, como Arroyo Ortiz, destacaron que si las empresas no cumplen con unas métricas dispuestas sobre la Ley 73 el Gobierno tiene la facultad de cancelar los beneficios.

Asimismo, García manifestó que, ‘sea cual sea el objetivo final del subsidio, y aun teniendo en cuenta que la implementación de un mecanismo de compensación beneficia a un grupo determinado, en muchos casos a expensas de otro, su análisis de costos y beneficios debería llevarse a cabo buscando que el bienestar social general aumente, es decir, que la ganancia social derivada de su implementación sea superior al costo económico neto y el costo medioambiental que se generan, o al menos que los costos y beneficios se igualen’.

De igual modo, García abogó por una estratificación de la tarifa residencial, además, de nuevos estándares para las tarifas comerciales e industriales.

‘Sostenemos que deben incluirse tarifas y penalidades que incentiven el pago adelantado y/o puntual del consumo y penalice significativamente los morosos, sean estos gubernamentales o privados. Un sistema de fiscalización y penalización de hurto de energía debe ser eficiente de suerte que minimice el costo de la energía que se produce y no de cobra’, añadió.

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