El secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia, Jesús M. Alvarado Rivera, condenó el uso cada vez mayor de litigios infundados por entidades comerciales que buscan obstaculizar la entrada o el crecimiento en el mercado de otros competidores, luego de que el Tribunal Supremo denegara el recurso presentado por Empire Gas Company, Inc. para dejar sin efecto el permiso otorgado a Puma Energy Caribe LLC para vender y distribuir gas licuado.

Antes de que Puma Energy Caribe entrara en este mercado, al cual se dedica solo a la venta al por mayor, Empire Gas y Tropigas eran los únicos en el mercado.

Alvarado Rivera sostuvo que, ‘durante los pasados años todos han visto, con mayor o menor notoriedad, cómo diversas empresas han hecho mal uso de nuestro sistema jurídico para impedir el mejor desarrollo de la competencia. Constantemente se presentan demandas, querellas, intervenciones y oposiciones sin mérito alguno, que sólo tienen como fin obstaculizar el desarrollo de un competidor. Lo hemos visto en casos civiles, en procedimientos de permisos de construcción, autorizaciones para transportar estudiantes, franquicias de televisión por cable y para la distribución de gas licuado, entre otros’.

El Secretario Auxiliar de la OAM explicó que la conducta anticompetitiva no solo ocurre con el abuso de la continua presentación de recursos frívolos, puesto que una sola acción legal que objetivamente no tiene posibilidades razonables de ser favorecida, y subjetivamente está motivada por el deseo de interferir con las operaciones comerciales de un competidor, también es ilegal. ‘La empresa o persona que sufra los daños de estas acciones puede tener a su disposición una causa de acción bajo la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio’, afirmó el funcionario.

Alvaro Rivera recalcó que estos procedimientos injustificados, ‘no solo perjudica al nuevo competidor, afecta a todos los consumidores que son privados de los precios más bajos y mejores servicios que brinda esa competencia. Por eso cada empresario debe abstenerse de incurrir en estas conductas anticompetitivas, pero no hay duda de que los tribunales y agencias reguladoras del País también deben ser conscientes de estas malas prácticas y detenerlas cuando sean identificadas’.

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