El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, rechazó el lunes el Proyecto del Senado 1447 a los fines de disponer que todo establecimiento comercial provea a los consumidores, al menos dos alternativas de pago, una de las cuales deberá ser un medio electrónico.

‘Se debe mantener la flexibilidad del comerciante de decidir cómo maneja su negocio y que sea el consumidor quien decida dónde prefiere comprar’, destacó Reyes Alfonso en su ponencia.

No obstante, Reyes Alfonso destacó que la mayoría de los comercios de este renglón acepta pagos electrónicos.

Además, recomendó analizar la realidad del comercio tomando en cuenta todos los eslabones de la cadena y no únicamente desde la perspectiva del consumidor. Asimismo, sostuvo que exigir la obligatoriedad del pago electrónico en busca de minimizar la evasión fiscal encarecerá los costos a los comerciantes y solo beneficiará a los bancos y a la compañía que tiene el monopolio de la red utilizada para proveer los sistemas de cobro con tarjetas de débito y crédito.

El vicepresidente de MIDA insistió en que ‘es importante diferenciar por sector y afinarlo dentro de la ley. Lo que estamos planteando es que hay que expandir el análisis a diferentes sectores, no es descartar, no todos los sectores son iguales’, sostuvo Reyes Alfonso.

De otra parte, el portavoz de la Asociación de Comercio al Detal, Cirilo Cruz Tejada, recomendó el lunes la derogación de la Ley 42 del 28 de marzo del 2015, en la que se requiere a los comercios ofrecer por lo menos dos opciones de pago, pero sin exigir que uno de dichos métodos sea uno electrónico.

No obstante, Cruz Tejada, alertó de que en el artículo 2 del citado proyecto se definen los conceptos de ‘instituciones financieras’ y ‘justificaciones de pago’, pero ninguno de ellos se menciona en el resto del texto de la medida. Por otra parte, subrayó en su ponencia que el proyecto se presta a confusión toda vez que no se establece claridad sobre los términos ‘infracción ‘ y ‘multas’.

Otra preocupación expuesta por la ACD guarda relación con la imposición de multas administrativas. Cruz Tejada advirtió al Presidente de la Comisión que el proyecto debía garantizar que este no se convirtiera en un instrumento para penalizar a los comercios que reciben dinero en efectivo como método de pago.

Mientras, Rivera Filomeno, explicó que el fin de la legislación es atender las preocupaciones del consumidor de poder ejercer un pago de manera electrónica. ‘Lo que queremos es recomendaciones específicas, queremos tener un balance de defender al consumidor sin lastimar alguno de los eslabones de la cadena’, puntualizó el también senador por el distrito de Carolina.