La empresa Walmart Puerto Rico se opuso a un pedido del Departamento de Hacienda para desestimar la demanda que impugna la constitucionalidad el impuesto sobre las compras que realiza a su compañía matriz en Estados Unidos debido a que no tiene otros remedios disponibles.

Walmart sostuvo que aunque tiene como remedio solicitar un reembolso a Hacienda, el mismo no es adecuado por varios factores. Entre estos, que es muy posible que no pueda obtener un reembolso debido a la ‘espiral de muerte’ en las finanzas del Estado Libre Asociado.

Según Walmart, el gobierno ya ha admitido que debe sobre $200 millones en reintegros que no ha podido pagar. La recién Ley de Sostenibilidad Fiscal limita los reembolsos anuales a $3 millones.

De otra parte, es muy posible que el proceso de pedir reembolso sea uno prolongado ya que el propio Secretario de Hacienda puede retrasar el mismo indefinidamente.

Según la ley, el Tribunal debe conservar la jurisdicción del caso cuando no hay otros remedios disponibles para compensar el daño que la corporación supuestamente sufriría.

La multinacional demandó recientemente al gobierno en el Tribunal Federal para impugnar la constitucionalidad de la Ley 72 que impone un impuesto mínimo alternativo en las compras a su firma matriz, o el llamado impuesto sobre el ‘transfer pricing’. ‘Si no se controla por este Tribunal, este (impuesto) ilegal confiscará $25.9 millones además de los $19 millones que paga en impuestos corrientes’, sostiene tras alegar que el impuesto se lleva casi el 95% de sus ingresos.

El Departamento de Hacienda impugnó la jurisdicción del Tribunal para intervenir en la demanda el pasado 21 de diciembre sobre la base de que la Ley Butler (Butler Act) establece que los tribunales federales de distrito no tienen jurisdicción para intervenir en pleitos donde se cuestionan impuestos estatales, si existen remedios suficientes y razonables para los demandantes en la jurisdicción estatal.