Dos años despues del descenso de su deuda soberana al grado especulativo (el terreno de los bonos ‘basura’ o ‘chatarra’), Puerto Rico está a punto de ceder la gestión a una junta de control fiscal externa impuesta por Washington, que, por el momento, no le deja declararse en quiebra bajo la ley federal.

El 4 de febrero de 2014, Standard <><><><><><>& Poor’s dio el paso que se venía temiendo desde hacía mucho tiempo y anunció que rebajaba la calificación de las Obligaciones Generales del Gobierno de este Estado Libre Asociado de EE.UU. a BB+, fuera del grado de inversión./p

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La deuda en el grado especulativo es desaconsejada porque existe un notable riesgo de que el inversor no recupere sus fondos./p

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Quienes aún así deciden invertir, lo hacen a un tipo de interés muy elevado que compense ese riesgo./p

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El resto de las grandes agencias de calificación no tardaron en imitar a S<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>P, lo que dejó a Puerto Rico en una situación muy complicada para acudir de nuevo a los mercados a seguir pidiendo dinero prestado, que en gran parte destinaría para pagar los vencimientos de deuda más inmediata./p

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De hecho, Puerto Rico necesitaría más de 33,000 millones de dólares en los próximos 10 años sólo para pagar su deuda, una obligación que absorbe el 36 % de los exiguos ingresos fiscales que consigue una Hacienda que tiene que lidiar con una gran evasión y con una población que está emigrando masivamente./p

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Con una población de 3.5 millones de personas (el 45 % de ellos viviendo en la pobreza) y una década de crisis acumulada, cada semana se van una media de 3,000 habitantes, en su mayoría a EE.UU./p

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Aunque durante el primer año en territorio ‘basura’, Puerto Rico pudo seguir acudiendo a los mercados, el pasado junio el gobernador Alejandro García Padilla terminó aceptando que la deuda se había tornada ‘impagable’ y que habría que dejar de pagarla y tratar de renegociarla./p

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Tras decretar la emergencia fiscal y congelar gastos, salarios, contrataciones, pagos a proveedores y devoluciones de declaraciones de impuestos, y ‘al borde de una crisis humanitaria’ en palabras del gobernador, en agosto la isla incurrió en su primer impago./p

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Además ha empezado a pagar la deuda de la Administración central con fondos originalmente reservados para pagar deudas de corporaciones públicas, que por ello han incurrido o incurrirán pronto en impagos. Aún así, es previsible que en mayo no se puedan pagar los 400 millones de dólares que vencerán entonces./p

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Por ello, el Gobierno acaba de presentar una propuesta de reestructuración de la deuda que consiste en reducir en un 30 % su deuda de 72,000 millones, con quitas de entre el 28 % y el 61 %, según el tipo de bonista, y aplazando pagos un mínimo de cinco años./p

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El Gobierno asegura que, de ser aceptada, y si se cumplen sus previsiones de reactivación económica, Puerto Rico contaría con recursos suficientes para prestar los servicios públicos esenciales a sus ciudadanos, pagar a sus proveedores y a sus contribuyentes, recuperar su liquidez y financiar sus sistemas de jubilación./p

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Además, se reduciría al 15 % la carga que supone el reembolso de la deuda respecto de los ingresos fiscales de una economía que, debido a su particular estatus político, está supeditada en gran parte a la voluntad de EE.UU./p

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Ante la insistencia de San Juan en reclamar la ayuda federal, Washington finalmente ha decidido imponerle el sometimiento a una junta de control fiscal externa que supervise su política económica y fiscal./p

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Aunque esta imposición levanta muchas suspicacias en Puerto Rico, porque se ve como una manifestación más del régimen semicolonial que rige entre la isla y EE.UU., al mismo tiempo son muchas las voces que creen que es la única manera de superar la crisis o, al menos, el peaje necesarios para que el Congreso federal permita a la isla acogerse a la protección de la Ley de Quiebras./p

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Así, en estos días la Cámara de Representantes de EE.UU. está diseñando la composición y alcance de esa junta, y su presidente, el republicano Paul Ryan, se ha comprometido a hacer lo posible para que se apruebe la correspondiente legislación durante este primer trimestre del año./p