Las consecuencias concretas del impago en el cual incurrió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) el domingo continúan en el plano especulativo mientras para el gobernador Alejandro García Padilla lo más preocupante son los litigios legales que se desaten. A continuación resumimos los puntos más importantes del primer impago masivo en la historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para más detalles de cada uno, pulse los hiperenlaces incluidos.

Tras anunciar el

domingo el impago, el Gobernador detalló el lunes que el mismo ascendió a$367 millones ya que se lograron pagar $22 millones por concepto de intereses.

Con este impago se activó la Ley de Moratoria a la vez que el BGF busca un preacuerdo con todos sus acreedores para ganar

30 días de indulgencia en el pago de la deuda que venció el 1 de mayo. La propuesta necesita el visto bueno del 100% de los acreedores, incluyendo a las cooperativas y otros grupos de bonistas puertorriqueños. Los bonos interinos estarían garantizados con los depósitos del BGF que vienen de la recolección del Impuesto de Ventas y Uso municipal.

El Gobernador también firmó una orden ejecutiva para declarar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (

AFI) en estado de emergencia ya que una emisión de bonos de $669.2 millones hecha en diciembre de 2011 por la Administración Fortuño para darle oxígeno a la Autoridad de los Puertos (AP) solo está respaldada por dos cartas de crédito del BGF.

Este no es el primer impago. El Gobierno de Puerto Rico dejó de pagar $4 millones que debía de intereses el 1 de septiembre de 2015 a los bonistas de la Corporación para el Financiamiento Público (

CFP).

Desde diciembre de 2015, el gobernador Alejandro García Padilla

admitió que se incurrió en uno cuando se tuvo que recurrir al ‘clawback’ para pagar un vencimiento en enero de 2016.

Ese impago, de $37.3 millones de la deuda en el cual el gobierno incurrió en enero

no fue ‘tan severo’, según un par de analistas financieros.

Algunos han apuntado queuna

moratoria a los pagos de la deuda pública por los próximos cinco años liberaría cerca de $1,500 millones anuales que permitirían reactivar la economía.

Se acercan

fechas claves, otros vencimientos que ya el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, admitió también pueden

incumplirse.