Luego de que hoy, miercoles, se aprobara en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal el proyecto 5278 que crearía una junta de supervisión fiscal para reestructurar la deuda de $70 mil millones de Puerto Rico, continúan surgiendo grandes interrogantes sobre si la movida del Congreso tiene en mente los intereses del Pueblo de Puerto Rico o si simplemente se está imponiendo un sistema de repago a favor de los intereses de los bonistas por encima del bienestar de millones de puertorriqueños.

Para el economista y fundador del Centro para una Nueva Economía (CNE), Miguel A. Soto Class, la discusión que se lleva en el Congreso federal sobre cómo mitigar el problema fiscal por el que atraviesa Puerto Rico ha estado viciada por intereses políticos desde el día uno, marcado además por la gran influencia de grandes firmas financieras que han secuestrado al Congreso para que tome medidas que los favorezcan por encima de las necesidades de la Isla.

‘Desde el año pasado entramos en un proceso bien intenso de trabajo en Washington con este asunto viajando cada dos semanas. Este análisis no empezó con el proyecto, hemos estado bien envueltos en todo lo que está pasando allá y hemos logrado un análisis muy ponderado y hecho con profundidad ya que sabemos que es un asunto muy complicado’, explicó Soto Class.

‘Nos dimos cuenta en Washington – que no es una sorpresa, pero es importante tenerlo en mente y es mucho más chocante verlo de primera mano- que el gobierno de los Estados Unidos no funciona como un cuerpo que decide las cosas basadas en su mérito. El proceso que se ha llevado a cabo no necesariamente tiene las necesidades de Puerto Rico en mente. El proceso del Congreso no fue un proceso limpio, que mira la necesidad de Puerto Rico. Se llevó a cabo con mucha influencia de firmas financieras con las cuales Puerto Rico no podía competir’, añadió.

El Presidente del CNE aseguró que el proceso de análisis sobre el proyecto que crearía la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) debe ir acompañado de profundos cuestionamientos filosóficos por parte de todos los puertorriqueños.

‘Tenemos que cuestionarnos ciertos aspectos filosóficos como por ejemplo, debe uno aceptar cualquier cosa para recibir beneficio económico? De qué vale tener una postura digna si el pueblo va a sufrir? De qué vale rendirnos para tener un beneficio económico a corto plazo y perder algo tan importante para un pueblo? No son decisiones fáciles pero el análisis se debe llevar a cabo dentro de ese contexto’, indicó.

Soto Class aseguró además que el costo de Promesa para Puerto Rico es demasiado alto.

‘El costo que este proyecto le impone a Puerto Rico es muy alto para el beneficio incierto que nos provee. El costo que nos impone a través de la Junta de Control Fiscal es demasiado cuando lo comparas con un proceso de reestructuración de la deuda. Aunque es mucho mejor que el original, todavía se queda corto y es muy incierto’, dijo.

Otra de las preocupaciones indicadas por el economista está basada en que una vez se logre imponer una junta de control fiscal, Puerto Rico pasaría nuevamente a un plano inferior dentro de las prioridades del Congreso y Casa Blanca.

‘Una vez se logre evadir, ya Puerto Rico va a caer fuera del radar del Congreso y todos los asuntos importantes que tenemos que seguir trabajando van a ser sumamente difícil trabajarlos, si no imposible, porque ya no tendremos esa atención en el Congreso para que atiendan la situación’, explicó.

‘Sí vimos que hay muchas personas con interés genuino en ayudar a Puerto Rico. Si vimos buenas intenciones de ambos lados, pero fueron los menos. Este es un proyecto que aunque no vamos a oponernos a él, no podemos endosarlo. No podemos apoyarlo como está ahora mismo, más que nada porque es un costo alto y un beneficio incierto’, añadió.

Soto Class fue categórico al indicar que la imposición de una junta de control para la Isla no solucionará los problemas internos de la Isla sino que atrofiaría ese proceso ya que una vez concluya su término en Puerto Rico, resurgirán nuevamente la ineficiencia de ciertas instituciones gubernamentales.