Según una auditoría forense de las emisiones de deuda pública en Puerto Rico realizado por la Comisión para la Auditoría Integral del Credito Público, unos $30,000 millones pudieron haber sido emitidos violando las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), informó hoy, jueves, un grupo de representantes de esa Comisión establecida por la Ley 97 de 2015.

Según el resumen del informe, que consta de más de 40 páginas, el estudio se limitó a una revisión de la documentación producida por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sobre las dos emisiones más recientes de deuda realizadas bajo la buena fe y crédito del ELA, siendo estas la oferta de $3,500 millones en bonos de obligaciones generales (GO, por sus siglas en ingles) de 2014 y la emisión de pagarés en anticipación de los impuestos e ingresos (TRANS) de 2015 y, así como las investigaciones independientes económicas, legales y de contabilidad que sustentaron las emisiones.

La Comisión, compuesta por 17 miembros que incluyen representantes de instituciones financiera, cooperativas, académicos y sindicatos, así como funcionarios electos, decidió comenzar a auditar la deuda a partir de las más recientes emisiones y continuar hacia atrás en orden cronológico.

Sin embargo, elpresidente de la Comisión,quien además preside el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), RobertoPagán, admitió que aún no han recibido los fondos destinados para su investigación.

‘La revisión se limitó a estas emisiones debido al hecho de que a la Comisión todavía no se nos ha asignado ni un centavo. Ayer firmamos acuerdo de entendimiento con el Senado para que se nos provean unos primero $100 mil. La Ley de Moratoria asignó a la Comisión $2 millones y hemos estado en el proceso de procurar que se nos hagan llegar los recursos. Es necesaria la acción del Ejecutivo de que nos asigne esos fondos, eso nos permitiría constituir el equipo que tanto necesitamos’, explicó Pagán a la vez que indicó que la asignación se hizo como parte del año fiscal 2015-2016.

‘Los hallazgos de esta prueba confirman la necesidad de darle los recursos necesarios a los esfuerzos de auditoría y comenzar a revelar quiénes son los tenedores de la deuda, el uso que se le dio a las emisiones y si se cumplió con los límites constitucionales y legales de las mismas’, añadió.

Según el estudio, Puerto Rico ha estado tomando prestado para cubrir déficits desde tan temprano como el 1980, hecho que obliga a estudiar más a fondo las consecuencias legales de esta práctica.

La Comisión también detectó que en la emisión de GO de 2014, aunque se informa a los bonistas de que el producto de la transacción se usaría para financiar el déficit, no se menciona que la Constitución tiene una provisión que exige un presupuesto balanceado.

‘Habría que examinar si los aseguradores y asesores de la emisión fueron diligentes en informar a los potenciales compradores de las limitaciones constitucionales de transacción’, indicó.

El estudio descubrió además que Puerto Rico tiene aproximadamente $38,000 millones en Bonos de Revalorización de Capital (CBAs, por sus siglas en inglés), un instrumento inusual mediante el cual quien emite la deuda no paga intereses, ni principal hasta que el bono vence, aunque los intereses continúan acumulándose diariamente.

Pagán dio como ejemplo de un CBAemitido por COFINA en 2007 que no madura hasta el 2056, lo que podría tener implicaciones legales ya que la Constitución prohibe que se tomen préstamos financiados por más de 30 años. Otro CBA, adquirido en 1998 por $14.15 millones, vence el primero de julio próximo para el cual se deberán pagar $38.3 millones. La Comisión deberá estudiar el efecto del uso de estos bonos en la cantidad total de la deuda.

El estudio también revela que el Gobierno de Puerto Rico ha adoptado y seguido un patrón de refinanciamiento de la deuda que está por vencer. Se encontró que parte de la emisión de 2014 pagó una deuda de 2003, que a su vez se usó para refinanciar una deuda de 1987, y esta probablemente se originó en la década de 1970.

A preguntas de cuánto se demoraría la auditoría y cómo podría afectar esta auditoría forense las negociaciones con los acreedores, Pagán indicó que la Comisión podría generar hallazgos en los próximos meses que podrían cambiar estas negociaciones.

‘El completar la asignación que tiene la comisión requiere un periodo estimado de año, año y medio, sin embargo la comisión estaría proveyendo resultados continuos a medida que se vayan haciendo los descubrimientos’, dijo.

El estudio fue realizado principalmente por el licenciado Alvin Velázquez y el CPA John Johns con la asistencia del subcomité de Metodología de la Comisión integrado porMario Marazzi y José Alameda.

Resumen auditoría inicial – NotiCel _19246