La llegada de una Junta de Control Fiscal establecida por el proyecto de ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) parece ser inminente. Sus consecuencias económicas tambien. Una de ellas, la modificación del salario mínimo para jóvenes, que ha provocado grandes encontronazos en varios sectores del país, no detuvo el informe federal de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO, por sus siglas en ingles).

El documento ratifica la intención de ‘modificar el salario mínimo para la mayoría de los trabajadores puertorriqueños menores de 25 años’ y fue acuñado por el representante de Carolina del Sur,Marshall ‘Mark’ Sanford, quien presentó el Proyecto de la Cámara 4637 para que sea opcional la adjudicación del salario mínimo federal en Puerto Rico. A su vez, la clase política, trabajadora y estudiantil del país repudia la propuesta, incluidos los senadores Jorge Suárez y Cirilo Tirado, quienes presentaron una resolución concurrente rechazando la propuesta.

El proyecto de ley alimentó el descontento una vez se supo que la CBO establece que los gastos de la Junta deben ser emitidos ‘por parte del gobierno de Puerto Rico’. Este ejercicio desglosado en 11 páginas, representa 200 millones de dólares para el primer año en que se establezca la Junta, así como una reducción del dinero necesario para costearla a través de los años.

Lo que ha llamado la atención de muchos, ha sido el el monto total estimado por la CBO en esta tabla, durante los primeros cinco años de la Junta, lo cual corresponde a $370 millones y representa gran parte de la deuda no pagada por el gobierno el pasado mayo ($470 millones).

Sobre la base de los costos detallados, la CBO establece en el documento que ‘la junta gastaría más o menos el doble que la ciudad de Detroit sobre el próximos dos años para reestructurar la deuda del territorio y para preparar presupuestos equilibrados’.

Mientras, la mayor parte del recaudo necesario durante el período 2017-2022, será utilizado ‘dentro de los dos primeros años y cubriría principalmente honorarios de consultores legales y financieros contratados para reestructurar la deuda de Puerto Rico’, establece el documento.

A pesar de que los costos adjudicados en la tabla, corresponden un periodo de cinco años, el proyecto establece también que ‘si Puerto Rico no pudo cumplir con este requisito, o si el Consejo consideró el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital es insuficiente para satisfacer las necesidades del país, la junta podría continuar operando’ después de dicho periodo, lo que pudiera representar una suma de igual cantidad año por año, que se resumirá en 740 millones de dólares y otro periodo de cinco años.

Esta cantidad representa el total de la deuda no pagada en mayo y cerca del 30% de la deuda que está por vencer el próximo 1de julio (correspondiente a 800 millones en bonos de obligaciones generales).

‘Por último, la CBO estima que el establecimiento de un grupo de trabajo del Congreso para abordar los problemas económicos en Puerto Rico y completando diversos informes y tareas administrativas aumentaría los costos federales’, justifica el documento.