El representante Manuel Natal Albelo, uno de los propulsores de la creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Credito Público (CAICP) bajo el amparo de la Ley 97 de 2015, aseguró que para que los hallazgos realizados por el organismo puedan tener repercusión en la renegociación de la deuda, deberá haber voluntad de parte del gobierno de turno para someter las recomendaciones de la Comisión ante los foros pertinentes.

El Representante hizo sus expresiones durante la presentación de varios hallazgos producidos por la auditoría forense a la deuda pública por parte de laCAICPel jueves, que apuntó a que varias gestiones financieras hechas por el Gobierno pudieron haber violado la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA).

‘Al final del día tiene que haber una voluntad del gobierno de turno para coger esa información que produzca la Comisión y llevarla a las autoridades pertinentes, que en algunos casos podría significar el Tribunal, y sería este el que contestaría las preguntas que tienen que ver con Derecho’, indicó Natal Albelo.

El Representante dejó claro que la CAICP no está facultada para emitir juicios, pero sí para presentar hallazgos relacionados a su auditoría forense y someter recomendaciones al respecto.

‘Tenemos el mandato de hacer una auditoría abarcadora de toda la deuda pública de los pasados 40 años. Esta Comisión no tiene la capacidad para hacer una determinación de qué es una deuda ilegal y qué no. Esta Comisión va a evaluar y contestar preguntas que no se han contestado. Algunas de ellas son preguntas jurídicas, otras sobre temas que ya se han evaluado y al final va a hacer unas conclusiones y unas recomendaciones’, enfatizó.

Sobre el efecto que podría tener la aprobación de una Junta de Control Fiscal sobre el proceso de auditoría que realiza la CAICP, y que se indicó podría extenderse hasta por un año y medio, el Representante aseguró que le preocupa que el proyecto congresional PROMESA no toma en consideración la posibilidad de que al haber sido emitida ilegalmente, la deuda sea nula y por ende no cobrable.

‘Eso no se ha discutido pero me preocupa mucho que PROMESA hace unas expresiones en términos de la capacidad de cobro de los bonistas y nos preocupa que no aclara el hecho de qué deuda ilegal debía ser no cobrable y es un acercamiento que le hemos transmitido a los congresistas y al Ejecutivo. Le hemos transmitido nuestra gran preocupación sobre el hecho de que pudiera encontrar la posibilidad de una emisión de deuda inconstitucional y que un tribunal determinara que fue inconstitucional y que por efecto de la ley PROMESA haya obligación de pagarla’, indicó.

Otro ángulo de importancia en el esclarecimiento de los pormenores al momento de asumir la millonaria deuda de Puerto Rico, se indicó es el protagonismo de otras partes en la transacción.

‘Si alguien puede abonar aquí son distintas partes envueltas en este proceso. La discusión se ha concentrado en la responsabilidad de parte del Gobierno, pero hay distintas partes que tienen responsabilidad en este proceso, tanto los asesores financieros del Gobierno como las personas que se encargan de vender esa deuda y las que la compran, por eso es tan importante el trabajo que esta Comisión está haciendo porque no se concentra únicamente de la parte del gobierno, sino de las otras partes envueltas’, aseguró Natal Albelo.

‘En Puerto Rico, en términos jurídicos, el efecto que tiene que algo sea anulable es que nunca existió y eso es lo que los casos que se han visto en otras jurisdicciones han resuelto sobre el tema de la deuda en cuanto a nulidad, que no surte ningún tipo de efecto entre las partes. Hay muchísima información que esta comisión aún no tiene disponible para llevar esas conclusiones lo que podemos asegurar es que se están evaluando todas las partes que protagonizaron estas transacciones, desde el Gobierno, hasta el que lo asesoró en la transacción, el que vendió la transacción y el que la compró’, insistió.