No va un mes desde que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama convirtiera en ley el proyecto congresional conocido como ‘PROMESA’ que impondría una Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin embargo, tan pronto como el 24 de agosto se celebrará la primera conferencia respecto al tema convocada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, entre otros.

El evento que tendrá lugar en el hotel Condado Plaza Hilton, cuya entrada más conservadora cuesta $150, discutirá la visión y propósito de la JCF, el Plan de Recuperación Económica para Puerto Rico, cómo operará el gobernador frente a la Junta, así como las perspectivas del mercado, de los bonistas y los comerciantes. La actividad también es convocada por Birling Capital Advisors, Select Global AdvisoryGroup y el diario El Nuevo Día. Los miembros de la Cámara pagarán entre $200 a $1,500 por participar, y los no miembros entre $225 a $1,750. El precio más módico está reservado para estudiantes.

Entre los mediosauspiciadores de la conferencia se encuentran: Uno Radio Group, Telemundo, yCaribbean BusinessLatin Media House. También auspician algunas aseguradoras como MCS y Fulcro Insurance. Algunas cadenas comerciales también forman parte de los auspicios.

El presidente Obamatiene hasta septiembre para nombrar a los siete miembros que conformarán la Junta, mientras senadores demócratas y otros sectores siguen presionando para que haya algún integrante puertorriqueño en el grupo.

De los varios pleitos radicados contra dependencias gubernamentales por parte de acreedores y aseguradoras de bonos, dos sometieron ‘PROMESA’ a la consideración del tribunal.

En el primer caso, ante el juez Pedro A. Delgado Hernández, es el propio gobierno el que corrió para pedir que se use ‘PROMESA’ para suspender automáticamente el pleito entre Ambac Assurance Corporation y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). En esa acción se alega que es ilegal la transferencia que ACT hizo de los fondos que recibió cuando renegoció el contrato de los peajes porque ese dinero, dice Ambac, debía ir a cubrir la deuda de bonos de la ACT en vez de a otras dependencias para otros usos, como en efecto sucedió.

En el otro pleito, la movida fue al revés, fueron los acreedores los que corrieron al tribunal para pedirle al juez Francisco A. Besosa que declare que la suspensión de pleitos que decreta la nueva ley federal no les aplica a ellos ni a sus reclamaciones. Se trata del grupo de acreedores del BGF encabezados por Brigade Leveraged Capital Structures Fund que están negociando con esa dependencia pero que sostienen que la Ley de Moratoria de la Administración García Padilla permite la dilapidación de fondos y el fraude a acreedores al viabilizar que se saque dinero del BGF para otras funciones y también que se desvíe dinero que se supone llegara al BGF.

Entretanto, el gobernador Alejandro García Padilla, defendió en Washington que la isla está ya ‘en el camino correcto’ para reestructurar su deuda y ‘recuperar el crecimiento económico’, perdido hace más de una década gracias a la ley federal.