La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) comenzó una investigación sobre las prácticas de contratación y prestación de servicios de la compañía, Sunnova Energy Corporation, dedicada a la instalación de sistemas fotovoltaicos.

La investigación surge por petición de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), tras la empresa recibir más de 20 reclamaciones de parte de clientes insatisfechos.

‘La OIPC ha recibido más de 20 reclamaciones de clientes que han denunciado que los sistemas instalados por Sunnova Energy Corporation no producen energía o la producción no se acerca a la cantidad estimada de carga establecida en el contrato de compra de energía. Igualmente, han denunciado que la empresa no ha cumplido con otros ofrecimientos como por ejemplo: que la AEE solo les facturaría la cantidad de $3.00 una vez instalado el sistema’, explicó mediante comunicado de prensa el director de la OIPC, José Pérez Vélez.

Según datos de la CEPR, Sunnova es una corporación con fines de lucro certificada como compañía para el alquiler y la venta de sistemas fotovoltáicos de generación renovable, conforme al Reglamento Núm. 8701, Enmienda al Reglamento 8618 sobre Certificaciones, Cargos Anuales, y Planes Operacionales de las Compañías de Servicio Eléctrico en Puerto Rico. La CEPR le ordenó a dicha empresa el que provea información sobre el modelo de contratación y acuerdos de servicios con sus clientes, así como los documentos de promoción de servicios y anuncios sobre sus ofrecimientos. La información debe ser entregada dentro de un plazo de 90 días.

Del mismo modo, se le requirió a la OIPC entregar toda la información relacionada a las reclamaciones hechas por los clientes de dicha empresa.

‘Nuestra oficina cumplirá con su función de representar y defender los intereses de los consumidores y entregará a la Comisión todos los documentos que le han sido requeridos para corroborar la información y datos de todos los ciudadanos que han hecho reclamaciones sobre los servicios de Sunnova. Nos reafirmamos en nuestro deber de garantizar la participación y fiscalización ciudadana en el sistema energético de Puerto Rico; y de proteger la inversión de puertorriqueños que buscan una economía en sus hogares’, manifestó Pérez Vélez.