Además, aseguraron que no están ajenos «a las múltiples expresiones y reclamos presentados por distintos sectores del país».

Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, representantes del interés público de la Cámara y el Senado en la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas (AAPP), afirmaron hoy que se deben evaluar los “elementos legales necesarios” para poder solicitar acciones correctivas o en su defecto la cancelación del contrato de LUMA Energy.

En una declaración escrita conjunta, señalaron que “como representantes del interés público no estamos ajenos a las múltiples expresiones y reclamos presentados por distintos sectores del país sobre el Contrato de LUMA Energy. Al igual que todos los puertorriqueños, estamos pagando el consumo de energía más alto, sufriendo los apagones, estamos insatisfechos con el desempeño de la entidad contratada y decepcionados por la falta de sensibilidad de sus directivos”.

Además, establecieron que “las obligaciones contractuales previamente establecidas, las métricas y los parámetros de cumplimiento están bajo evaluación constante. No obstante, el mismo debe tener los elementos legales necesarios para poder solicitar acciones correctivas o en su defecto la cancelación. Este análisis tiene que ser ponderado y con los elementos necesarios para prevalecer en derecho. Conforme al resultado del mismo, en su momento estaremos tomando las acciones necesarias que mejor beneficien al interés público”.

Las expresiones de los funcionarios se dan luego de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia cambiara su postura en torno a la empresa y le diera un ultimátum para que mejorara su gestión en el manejo del sistema de transmisión y distribución.

También coinciden con la defensa que ha hecho el director de la AAPP, Fermín Fontánes, del contrato de LUMA Energy, pese a lo cual el gobernador ha respaldado al funcionario.