El Senado de Puerto Rico, en mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), aprobó esta noche con enmiendas el Plan de Ajuste de la Deuda Pública (PDA).
La medida, que se convertiría en la “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”, regresará ahora a la Cámara de Representantes. Según el presidente senatorial José Luis Dalmau, se espera que la Cámara concurra con los cambios incluidos antes de pasar a la firma del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
La votación final fue de 19 votos a favor y 8 en contra.
La medida contó con la aprobación de la delegación de la mayoría popular y algunos senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Mientras, las representaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Proyecto Dignidad (PD) y el senador independiente José Vargas Vidot también votaron en contra.
Sorprendentemente, el portavoz de la mayoría novoprogresista, Thomas Rivera Schatz, reveló en su turno que le votaría a favor.
»Yo le voy a votar a favor de este proyecto. Creo que hay que procurar soluciones y buscar la manera de defender las pensiones. En el proyecto queda claramente establecido que no las pueden tocar», dijo Rivera Schatz en su turno previo a la votación.
Mientras, la senadora por el MVC, Ana Irma Rivera Lassen, defendió el voto en contra de su delegación.
“Lo que dijimos es que este proyecto no es necesario en este momento. Que no hay prisa y que podemos utilizar lo poco que dice la ley 42 que le da espacio a esta legislatura para obligar a la Junta a renegociar. A venir aquí para obligar a la junta a hablar en los términos correctos”, dijo La senadora Ana Irma Rivera Lassen, quien indicó que lo que interesa a la Junta de Supervisión Fiscal es la emisión de bonos que contempla la Ley.
»Después que se emitan los bonos, la Junta nos va a decir ‘gracias por los bonos. El resto de la ley, se la pueden llevar a su casa’, por no decir otra cosa”, agregó.
Por su parte, la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, dijo que le ley condenaría a la pobreza al país porque hipotecaría a Puerto Rico por más de $1,000 millones al año.
La medida se hace eco de los acuerdos incluidos en el PDA, que «reducen la deuda pública del Gobierno central en aproximadamente un 50%».
Según señalan, la deuda pública se reduciría de $70,000 millones, a $34,000 millones. Mientras, la deuda de bonos de Obligaciones Generales (GO’s) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) se reduciría de $18.8 mil millones a $7.4 mil millones.
Las reducciones implicarían, a su vez, una merma en el pago anual de la deuda pública de Puerto Rico de $3,300 millones a $1.1 mil millones.
No obstante, expertos como el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, han alertado que la reducción de la deuda pública que certifica este PDA no es suficiente, y que Puerto Rico podría enfrentar otro impago en varios años.
Un estudio de Espacios Abiertos coincidió y señala que Puerto Rico necesitaba un recorte sustancial de sus niveles de deuda para que fuera sostenible. «Puerto Rico necesitaría un recorte de entre el 80 y el 90% de su valor principal antes de la reestructuración», se indicó.
La medida aprobada establece un lenguaje de «cero recortes» a las pensiones y condicionada la restructuración a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cumpla, pese a que el organismo creado por la ley de Supervisión, Gerencia y Administración Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) ya ha comunicado el recorte de un 8.5% a los pensionados que ganan $2,000 o más mensuales.
«Las transacciones de Restructuración de deuda autorizadas mediante la presente ley, están totalmente sujetas y condicionadas a que la Junta de Supervisión y Administración Financiera no apruebe recorte alguno a las pensiones de los empleados gubernamentales retirados en el Plan de Ajuste o Reestructuración», lee la medida aprobada hoy.
Los cambios a la medida
El proyecto incluye varios cambios que, a juicio de Dalmau Santiago, son fundamentales para defender los intereses de los puertorriqueños.
La medida contempla:
El presidente senatorial dijo que la pieza legislativa, aunque no es perfecta, es la mejor herramienta que tienen al momento para proteger las pensiones de los trabajadores y atender otras necesidades del país, mientras se pacta un recorte sustancial de la deuda.
»Yo prefiero un mecanismo que permita tomar decisiones en pro de Puerto Rico, proteger los pensionados, pagar menos y bajar el monto total de la deuda que llegar sin nada ante la juez Taylor Swain y que ella decida», dijo Dalmau Santiago.
Dalmau defendió su voto a favor »Porque quiero cumplir con los parámetros para que la Junta salga, porque quiero que la deuda baje, porque quiero que se pague menos y cumplir con puntos de diferentes áreas de interés social, empezando con la UPR, la creación de empleo, la salud y las ayudas sociales».
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