Los hogares generan más energía que las plantas de renovables a gran escala que operan en la isla, pero hay que atender obstáculos que evitan que generen aún más.

Un estudio del operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy LLC, enfoca por primera vez el crecimiento explosivo que han tenido los sistemas de generación de energía solar en hogares, al punto de que producen más energía que la que producen los pocos proyectos de energía renovable que han podido comenzar a operar en la isla.

La ley indica que para el 2050 el 100% de la generación de energía en la isla debe ser de fuentes renovables pero la oposición de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), burocracia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la eterna carrera de la muerte que es el sistema de permisos del gobierno se han combinado para que apenas 3% de la energía provenga actualmente de energía renovable.

Al margen de estos procesos formales, datos que presentó LUMA al Negociado de Energía (NE) muestran que los residentes de Puerto Rico con la capacidad financiera y crediticia para hacerlo, siguen optando por asegurar la disponibilidad de energía mediante la instalación de sistema de placas y baterías en sus hogares y, en menor medida todavía, en sus negocios.

Las instalaciones a gran escala de viento, solar y gas metano producen 226.9 megavatios, pero los sistemas en hogares, conocidos técnicamente como sistemas de generación distribuida o detrás del metro ("behind the meter"), están produciendo 366 megavatios. De 2014 a 2017, la cantidad de abonados con estos sistemas creció lentamente hasta los 10,000; de 2017 a 2021 el número subió poco a poco a los 25,000; pero en el año entre 2021 a 2022 el número explotó hasta llegar a poco más de 50,000, según los datos sometidos al NE.

En papeles, el sistema de generación instalado en la isla tiene la capacidad de producir 5,000 megavatios. Sin embargo, tanto LUMA como la AEE han planteado una crisis de generación porque el estado real de las unidades no permite garantizar que se pueda tener disponible ni siquiera los 2,960 megavatios de demanda pico que pueden ocurrir en agosto, el mes histórico de mayor consumo. Los 366 megavatios que se generan en hogares, las autoridades no los cuentan como energía nueva para suplir la demanda, sino como energía que no tienen que proveer porque ya el abonado se la está produciendo, de tal manera que, a mayor producción en los hogares, menos presión sobre las viejas plantas generadoras de la AEE.

Cada sistema solar y de batería instalado en un hogar es un abonado que se vacuna contra esa fragilidad buscando confiabilidad en la disponibilidad de energía y se convierte en "prosumidor", una persona que consume energía de la red, pero también produce energía que le puede vender a la AEE. Y aunque la medición neta (el concepto de que los hogares pueden venderle a la AEE para su uso el exceso de energía que producen las placas en sus casas) es ley desde 2007, la corporación pública estuvo arrastrando los pies y obstaculizando la integración de los consumidores hasta que LUMA tomó control de la red y desató los nudos.

"Es el único logro que puede reclamar LUMA en este año y medio", exclamó el exsenador Ramón Luis Nieves Pérez, que tiene práctica legal en el área de energía y asesoró al Senado para la creación de la Ley 17 de 2019 que estableció la meta de política pública de 100% de renovables para 2050.

"Esos (datos) te hablan de una revolución promovida por el ambiente regulatorio, facilitada por las leyes pero, primordialmente, por el deseo de la gente", subrayó Nieves Pérez al explicar que el huracán María fue el catalítico para, no solamente adquirir placas solares, sino combinarlas con baterías, para tener energía de reserva. "La gente lo ve como un tema de calidad de vida", coincidió Javier Rúa Jovet, jefe de política pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA en inglés). "Es un 'no brainer' desde la perspectiva, no solo de ahorro, sino de resiliencia... eso no pasa en otras jurisdicciones", resaltó.

Ambos señalaron que el crecimiento de ese sector enfrenta el obstáculo de que el financiamiento de esos sistemas requiere un nivel de crédito personal que excluye a los consumidores más pobres que pueden no tener historial de crédito o tenerlo limitado.

SESA promueve que Puerto Rico acceda a fondos federales que se puedan convertir en incentivos para que un público más amplio pueda armar su hogar con placas y batería. Por su parte, Nieves Pérez recordó que ya existe por ley, y está en operación, el instrumento del Fideicomiso de Energía Verde, el cual puede ser el recipiente de fondos federales, estatales y privados para implantar programas que permitan la energización de aún más hogares y negocios con fuente solar.

Para ver el informe con los datos de LUMA sobre generación, pulse aquí.

Desde la ley que lo creó en 2019, se supone que el Fideicomiso hubiera recibido $300 millones en fondos federales de reconstrucción a través del Departamento de la Vivienda, pero todavía no los ha recibido, observó el exsenador. Ese es el 'dinero semilla' necesario para atraer otros fondos y fomentar no solo los sistemas en hogares y negocios, sino también micro-redes y cooperativas. Además del ejemplo que significa el "bosque solar" que la organización Casa Pueblo logró instalar en Adjuntas para proveer energía al caso urbano de ese municipio, Nieves Pérez presentó los ejemplos de 28 hogares de Toro Negro en Ciales que hicieron su micro-red y obtuvieron el permiso del NE para poder establecer su tarifa y cobrarla, como una micro AEE, la cooperativa de energía Pirucho Coop en Caguas, y 37 proyectos de energía renovable que la Fundación Comunitaria de Puerto Rico pudo instalar en varios centros de salud 330 alrededor de la isla para garantizar la energización de sus áreas más críticas, como salas de emergencia y almacenes de medicamentos.

Para replicar estas iniciativas, "lo que necesita Puerto Rico es un apoyo que no debe ser gubernamental y el Fideicomiso puede jugar ese rol de ser un equiparador".

Sobre los proyectos de energía renovable a gran escala que estuvieron estancados, aunque ahora el NE aprobó seis fases que deben producir 4,000 megavatios una vez estén completados, Rúa Jovet dijo que el obstáculo crítico es "la falta de gobernabilidad en ese esquema de permisos". También, que cuando se evalúa el financiamiento de esos proyectos, el único cliente que tienen para la energía que producen es la AEE, que es una entidad en quiebra, lo que levanta bandera roja en esos cálculos.

Nieves Pérez recordó también el factor inflación, porque los proyectos están tanto tiempo en planificación que, cuando finalmente se aprueban y viene el ajuste de costos por inflación, los cálculos de rendimiento de la inversión y del costo de la energía producida pueden alterarse negativamente. La oposición a que se utilicen tierras cultivables para esos proyectos es otro factor y también el de si los fondos de reconstrucción de la red eléctrica pueden usarse en proyectos nuevos de energía renovable o solo para la renovación de la generación actual, basada en combustibles fósiles. "No me parece que esté resuelto", apuntaló.

Un estudio promovido por el Departamento de Energía federal ya concluyó, de manera preliminar, que Puerto Rico tiene suficiente exposición al sol para suplir toda su demanda de energía, mientras que la iniciativa comunitaria Queremos Sol publicó un estudio técnico sobre cómo lograr que en 15 años el 75% de la energía consumida sea solar.

Vea:

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Tras Fiona, la AEE y LUMA coinciden en resaltar debilidad de generación y piden remedios