Crédito de PR

Junta logra acuerdo para $35,000 millones en deuda de Obligaciones Generales

JCF cree que PR saldrá de la quiebra en 2020.

La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció esta noche un acuerdo con acreedores de deuda de Obligaciones Generales (OG) que cubre $35,000 millones en deuda y que reduciría el monto a pagar de la misma a $12,000 millones, o un ajuste de 60%.

Luego de este acuerdo de reestructuración, y el de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) que ya está aprobado por el tribunal, quedarían por atender la deuda de la Universidad de Puerto Rico y de las autoridades de Carreteras y Transportación, Acueductos y Alcantarillados y Energía Eléctrica. La semana pasada, se anunció un acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR) para resolver los $55,000 millones en reclamaciones relacionadas con pensiones; y con varias uniones, en relación con acuerdos de negociación colectiva y beneficios de retiro pero el acuerdo de los maestros fue rechazado por ese gremio.

Esta racha de actividad ocurre a la vez que los miembros de la Junta enfrentan dos plazos cercanos que podrían cambiar su composición. En julio se vence el plazo que el Primer Circuito de Apelaciones concedió antes de que entre en vigor su determinación de que los miembros actuales fueron nombrados inconstitucionalmente (lo cual está sometido al Tribunal Supremo federal para revisión), y en agosto vence el plazo original normal que tenían los miembros.

Según un comunicado del ente fiscal, con el acuerdo anunciado el domingo, el servicio de la deuda del Gobierno, incluyendo principal e intereses por los próximos 30 años, se reducirá a menos de la mitad, de $43,000 millones a $21,000. En conjunto con el acuerdo de reestructuración de COFINA, aprobado en febrero pasado, reduce el servicio máximo a la deuda que se pagaría en años futuros por más de 70%, de $4,200 millones anuales a menos de $1,500 millones al año.

El acuerdo provee un recorte promedio que supera 60% para la totalidad de $35,000 millones en reclamaciones contra el gobierno, un 36% de reducción para los tenedores de bonos válidos de las obligaciones generales de Puerto Rico, y un 27% de reducción a los tenedores de los bonos válidos de la Autoridad de Edificios Públicos, garantizados por el gobierno.

La semana pasada, la JCF anunció que sometería un plan de ajuste para el Gobierno de Puerto Rico durante los próximos 30 días. "Este acuerdo es un elemento importante del plan de ajuste que permitirá a Puerto Rico salir de la deuda a principios del año que viene", dice el comunicado.

"El plan de ajuste del gobierno proveerá confianza a los inversores de que Puerto Rico superó la crisis financiera. La ciudadanía finalmente podrá vivir sin la incertidumbre de una deuda insostenible del gobierno, que afectó negativamente la habilidad de atraer inversiones, generar empleos y crecimiento económico", planteó José Carrión III, presidente de la JCF.

El Gobierno reaccionó mediante comunicado de Christian Sobrino, representante del Gobernador ante la JCF, para consignar que no estuvieron de acuerdos con el pacto con acreedores anunciado hoy que no estarán aprobando legislación habilitadora para este o cualquier otro pacto con acreedores que implique la reducción del pago de pensiones.

Por su parte, la Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL) que agrupa a algunos titulares de bonos de OG y de la Autoridad de Edificios Públicos ("AEP") reveló que la negociación del acuerdo duró tres meses y que los tenedores de estos bonos están aceptando recortes base de, aproximadamente, 36%.

Destacaron, además, que:

  • Los tenedores de bonos participantes recibirán una combinación de bonos nuevos y dinero en efectivo;
  • En conjunto, los tenedores de bonos GO recibirán una recuperación base de, aproximadamente, 64%;
  • Se colocarán en cuentas de reserva (escrow) las distribuciones prorrateadas correspondientes a los reclamos disputados de tenedores;
  • La autoridad para litigar o transar litigios existentes sobre deuda emitida después de marzo de 2012 se transferirá a un fideicomiso después de la confirmación del plan, y;
  • Existirá un valor de litigio para Puerto Rico de hasta $1,400 mil millones.

Puede encontrar un resumen de los términos del acuerdo accediendo a este enlace.

Puede encontrar el acuerdo en su totalidad en este enlace.


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